Compartir fotos y vídeos desde la grada podría ser ilegal pronto

Aficionados en la grada durante la final del último Mundial en Moscú. Foto: REUTERS/Dylan Martínez
Aficionados en la grada durante la final del último Mundial en Moscú. Foto: REUTERS/Dylan Martínez

Es fácil darse cuenta de que el fútbol moderno cada vez se parece menos al que conocíamos hace varias décadas. Cambios en el reglamento, innovaciones tecnológicas, horarios imposibles, publicidad en los rincones más insospechados… los aficionados veteranos estarían tentados de pensar que lo único que no han cambiado son ellos, los de la grada. Pero ni siquiera el público se salva: los adelantos tecnológicos hacen que todo el mundo tenga en su bolsillo un teléfono con cámara, y no son pocos los que, más que estar pendientes del juego, dedican los 90 minutos a grabar y fotografiar el césped. Ya no es suficiente el recuerdo en la memoria, ni les sirve que luego se lo cuente la prensa: los hinchas necesitan sus propias imágenes desde el lugar de los hechos. Así, es habitual ver goles en los que los aficionados, en lugar de saltar, chillar y abrazarse al de al lado, simplemente alzan sus móviles, enfocan y disparan.

Pues este gesto inocente tan típico del siglo XXI pronto podría pasar a la historia. Todo depende de lo que ocurra el próximo 12 de septiembre en el Parlamento Europeo, donde se votará la propuesta de directiva sobre “los derechos de autor en el mercado único digital”, la conocida como “ley de copyright”. Si sale adelante la moción, se considerará que todo lo que ocurra dentro de un estadio será propiedad intelectual del canal de televisión que tenga los derechos de emisión del partido. Hacer una grabación para uso privado (en principio) no supone problema alguno, pero en el momento en que, por ejemplo, se compartiera en alguna red social, el aficionado estaría cometiendo una ilegalidad.

Es más: el artículo 13 de la propuesta legislativa indica que los “proveedores de servicios de la sociedad de la información” deberán adoptar “las medidas pertinentes” para “impedir que estén disponibles en sus servicios” contenidos que se consideren protegidos. Esto permitiría, y hasta exigiría, que las distintas plataformas desarrollaran software capaz de detectar y bloquear automáticamente la subida de cualquiera de estos vídeos o fotografías. De posibles sanciones no se ha empezado a discutir todavía, puesto que aún no es más que una propuesta pendiente de aprobarse.

De hecho, nos encontramos ante el segundo intento de aprobar esta norma: en julio ya hubo una votación parlamentaria, pero se rechazó la moción por 318 votos en contra y solo 278 a favor (hubo 31 abstenciones). Aunque el grupo popular y el socialista apoyaban la moción, se salieron con la suya los partidos de izquierda, los verdes y los liberales, quienes ven en la directiva un intento intolerable de censura que limitaría la creatividad de los internautas y que, además, acabaría con internet tal y como la conocemos al establecer el pago de una tasa por enlazar un contenido. Muchos activistas, académicos e incluso los gestores de Wikipedia se embarcaron en una campaña para evitar su aprobación. Sin embargo, grupos editoriales y entidades como la Sociedad de Autores Audiovisuales se mostraron decepcionados por el voto negativo, que consideraron un “retraso” en el establecimiento de una regulación “justa y sostenible” para un sector que, según afirman, aglutina 12 millones de puestos de trabajo y el 4,5% del PIB en la Unión Europea.

Las grabaciones de los aficionados en el fútbol son, quizás, la cara más llamativa de un problema mucho más profundo y complejo. Quienes están a favor de la norma aluden a la necesidad de regular el sector y de que los creadores reciban un pago justo por su trabajo, mientras que los que se oponen, aglutinados en torno a plataformas como #SaveYourInternet, denuncian que si sale adelante sería el fin de la red tal y como la conocemos, puesto que conceptos como gifs, memes, remixes de canciones e incluso vídeos de gente cantando en karaokes se convertirían en material ilícito; añaden, incluso, que supondría que solo las grandes empresas tendrían la capacidad de decidir qué está disponible en la red… y a qué precio. Los trámites parlamentarios de la complejísima burocracia europea siguen su curso; de hecho, aunque la votación del día 12 saliera favorable, habría que seguir negociando con el Consejo Europeo y la Comisión Europea. Y el tiempo apremia, puesto que las próximas elecciones comunitarias serán en mayo de 2019.

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