Veredicto significa que los electores de Miami están pagando millones por la estupidez de elegir a Carollo. Otra vez | Opinión

¡Culpable!

Con su veredicto, un jurado federal del sur de la Florida entregó el jueves a los electores de Miami una fuerte dosis de lo que debería ser una verdad reveladora: el comisionado de Miami Joe Carollo es un bravucón que violó los derechos de la Primera Enmienda de dos empresarios de La Pequeña Habana cuando intentó cerrarles sus negocios usando recursos de la ciudad para acosarlos y perjudicarlos.

El comportamiento bravucón y corrupto de un poderoso funcionario electo está costando un ojo de la cara a los contribuyentes, mientras que Carollo —el culpable y sin capacidad para pagar grandes sumas— quizá no sufra mucho más que un ego magullado y una mala digestión.

No obstante, es una victoria.

A pesar de un equipo de defensa formado por varios abogados, que incluía al ex comisionado municipal Marc Sarnoff y que ya ha costado a la ciudad más de $1.9 millones, las acciones de Carollo contra sus oponentes políticos fueron indefendibles, y perdió el caso. Tras un prolongado juicio en el que quedaron al descubierto los entresijos de la ciudad, el jurado, compuesto por seis personas y con sede en Fort Lauderdale, concedió $63.5 millones a sus víctimas.

Pero los electores que permitieron el regreso del ex alcalde a la política de la ciudad son también culpables. Hay una lección en todo esto:

Créales a los políticos cuando muestran quiénes son en la primera vuelta.

Los errores en las urnas se pagan caros.

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Empresarios en la mira

El testimonio sobre cómo Carollo persiguió a los empresarios Bill Fuller y Martín Pinilla —involucrando a la policía y a las fuerzas de seguridad en su venganza política, día y noche— es propio de la ficción de la mafia.

En otra ciudad con otros dirigentes podrían haber considerado inaceptables los conocidos abusos de Carollo y haber intentado detenerlos antes de que sus excesos llegaran tan lejos y salieran tan caros, pero en la ciudad de Miami no hay ninguna posibilidad.

Carollo y Suárez

Lo más probable es que nadie moviera un dedo para detener a Carollo porque no es el único que tiene un comportamiento escandaloso y potencialmente corrupto en la ciudad.

Recientes investigaciones del Miami Herald han puesto en tela de juicio la forma de operar del alcalde Francis Suárez, a la luz del conflicto entre su negocio privado de consultoría, que trabaja bajo el nombre de un urbanizador, y su poder para conceder favores en el Ayuntamiento. Y, además se añade su costoso estilo de vida social en compañía de personas que tienen negocios en la ciudad sin revelar información alguna sobre su aceptación de regalos y accesos VIP a codiciados eventos deportivos.

La Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade abrió una investigación. Pero, ¿qué confianza puede tener el público en un organismo cuyas acciones solo equivalen a un tirón de orejas, si es que hacen algo?

Los investigadores de la comisión tuvieron la oportunidad y no hicieron más que interrogar a Carollo, quien se limitó a mentirles, incluso cuando se le presentó evidencia en video de su acoso nocturno.

Al igual que hicieron en su momento las acciones de Carollo en La Pequeña Habana, el hecho de que Suárez no revelara al público sus relaciones comerciales merece un mayor escrutinio por parte de los expertos y de las fuerzas del orden con poderes para citarlo.

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No son nimiedades.

Carollo y Suárez, antaño acérrimos enemigos políticos, son los políticos más poderosos de Miami.

Durante los dos últimos años, han actuado como si se hubieran dividido el terreno y llegado a un entendimiento: tú me dejas con mis chanchullos y yo te dejo con los tuyos.

Y los funcionarios municipales, como demostró el pleito Fuller-Pinilla, cumplen sus órdenes sin preguntarse si lo que se les dice que hagan viola la ley.

Esto podría explicar por qué Suárez —quien, en una decisión de poder, trajo a Miami al célebre jefe de policía Art Acevedo— dejó que cayera en manos de Carollo seis meses después y que fuera despedido. Después de que Acevedo dejara claro que no seguiría adelante con el acoso de Carollo a los empresarios de La Pequeña Habana, según testificó Acevedo en el juicio, sus días en Miami estuvieron contados.

Acevedo, actual jefe del departamento de policía de Aurora, Colorado, no respondió a la petición de comentarios sobre el veredicto.

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¿Y ahora qué?

De cara al futuro, hay que plantearse una pregunta más importante: ¿Quién de las fuerzas del orden se ocupa de los bravucones del Ayuntamiento de Miami?

Porque incluso cuando el comportamiento roza lo delictivo, los vigilantes legales son difíciles de encontrar. Es como si la unidad de corrupción pública de la Fiscalía Estatal solo existiera sobre el papel.

Fuller y Pinilla tenían la fortaleza, los recursos y la documentación de los agravios para iniciar un juicio civil, y sus abogados hicieron lo correcto al pedir que se trasladara a una jurisdicción fuera del ámbito de la política de Miami.

Esa falta de fe en que nuestro sistema judicial local pueda ofrecer imparcialidad es, en sí misma, una acusación de las deficiencias de la ciudad.

¿Cómo es posible que una demanda que ofrece evidencia suficiente de que Carollo usó como arma la aplicación del código para tomar represalias contra la gente merezca un veredicto multimillonario, pero no una acusación penal?

Hay una forma importante de justicia en un veredicto de violación de los derechos civiles como este. Las víctimas de un verdugo político fueron escuchadas y se les concedieron indemnizaciones compensatorias y punitivas, aunque no está claro cómo las cobrarán. Carollo no tiene dinero, y aunque la ciudad está pagando sus cuantiosos honorarios legales —y habrá más si el caso se apela, como se espera—, la ciudad no figura como demandada.

Para que la disuasión sea real, el político infractor debe pagar el precio más alto: la cárcel.

Después de todo, no se puede confiar en que los electores de Miami lo despidan. Han demostrado que incluso cuando hay un oponente digno, eligen al político fantoche.

Para los residentes de Miami, el veredicto contra Carollo confirma nuestros peores temores: sus impuestos y sus votos financiaron el abuso de poder político, y solo dos hombres se preocuparon lo suficiente como para denunciarlo.

Santiago
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