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Tras veredicto de Carollo, empresas de la Calle Ocho ponen la mira legal en la ciudad. Y un pago mayor

Esa asombrosa sentencia de $63.5 millones fue una reivindicación satisfactoria para dos hombres de negocios de La Pequeña Habana en su larga batalla legal contra Joe Carollo. Pero, siendo realistas, no esperan cobrar ni de lejos esa cantidad al comisionado de Miami.

Tienen muchas más esperanzas puestas en su próximo objetivo legal, uno con los bolsillos mucho más llenos: la propia ciudad de Miami.

Aunque la ciudad aceptó pagar la factura legal de $2 millones y más por la demanda civil federal de Carollo, no estaba un acusada en el caso y no le corresponde pagar los enormes daños concedidos por un jurado del Condado Broward la semana pasada. Pero en gran parte olvidado en el drama legal y político sobre el veredicto contra un comisionado: una empresa dirigida por William “Bill” Fuller y sus socios llamada Mad Room también demandó a Miami hace casi dos años ante un tribunal federal, alegando que la administración municipal fue cómplice de una implacable campaña de represalias políticas por parte de Carollo para acabar con ellos.

Aunque es imposible pronosticar las acciones de un jurado nuevo y diferente, el veredicto de Carollo pudiera servir como prueba de fuego legal, con enormes consecuencias para los líderes políticos de Miami y sus contribuyentes.

“[Potencialmente] es muy negativo para los contribuyentes”, dijo Fuller, cuyas propiedades incluyen el icónico club nocturno Ball & Chain, al Miami Herald en una entrevista. “Pero como contribuyentes, tenemos que pedir cuentas a estos funcionarios públicos. La ciudad y otros pudieran haber hecho muchas cosas para mitigar [mis daños]. Pero, al fin y al cabo, estas personas no tienen ningún de cargo”.

A diferencia de Carollo, cuyo limitado patrimonio dificultará el cobro de daños y perjuicios, un experto jurídico dijo que los tribunales han dictaminado sistemáticamente que si ciudades como Miami son declaradas responsables de un delito contra los derechos civiles, no existen protecciones para limitar el pago de daños y perjuicios. Y el jurado de Broward indicó que Carollo hizo precisamente eso, infringir violar los derechos de la Primera Enmienda de Fuller y un socio, Martín Pinalla, porque los atacó después de que apoyaron a un candidato que se postuló contra Carollo.

“Obviamente, una fallo en este juicio va a ser contra la propia ciudad, por lo que teóricamente, es cobrable”, dijo el abogado miamense Judd Rosen, que ha ganado numerosos grandes pagos en los tribunales civiles.

Rosen también señaló que las indemnizaciones por daños punitivos estarán vinculadas a la capacidad de pago de la ciudad, algo que no se tuvo en cuenta durante el juicio de Carollo. Las ciudades pueden recaudar dinero cuando lo necesiten mediante alzas de impuestos y bonos.

La abogada municipal de Miami, Victoria Méndez, dijo sobre el próximo juicio que “esperamos abordar finalmente este asunto en los tribunales”.

En un documento obtenido por el Miami Herald dijo a los comisionados que la ciudad ya había pagado o le habían facturado $5.1 millones en honorarios de abogados por el caso Carollo ($1.93 millones) y el caso Mad Room ($3.27 millones). Méndez dijo que cree que la mayor parte o la totalidad de la cantidad será pagada por el seguro y que está abogando por una cobertura aún mayor.

Méndez también dijo que la ley estatal y los estatutos de la ciudad dictan que las facturas legales de Carollo deben ser pagadas por Miami. Y advirtió que si Carollo gana su caso en apelación, pudiera demandar a la ciudad por indemnización, esencialmente compensación por sus gastos, en cuyo caso la ciudad se vería obligada a cubrir sus gastos judiciales.

“La ciudad de Miami podría seguir pagando los gastos legales del comisionado Carollo en la apelación”, señaló.

Carollo, junto con varios funcionarios de la ciudad, testificaron durante el juicio que habían seguido los procedimientos adecuados para impugnar los negocios que, según ellos, no habían obtenido los permisos de construcción adecuados o no habían corregido numerosas infracciones del código.

El primer juicio fue ‘totalmente personal’

Fuller dijo que presentó una demanda separada contra la ciudad después de haber tratado originalmente de llevar a Carollo a los tribunales.

“El primer juicio fue totalmente personal. Se trataba de culpar directamente a Joe Carollo”, dijo Fuller. “Pero mientras seguíamos luchando y defendiéndonos, la ciudad seguía subiendo la apuesta. La ciudad cerró nuestros negocios. La demanda mostrará cómo la ciudad usó sus mecanismos para cerrar nuestros negocios”.

Ahora espera cobrar íntegramente a lMiami si obtiene un veredicto favorable en el juicio de Mad Room, y potencialmente un pago mucho mayor. A diferencia del juicio contra Carollo, en el que la defensa fue reprendida por el juez cuando trató de presentar el modesto salario de Carollo, $58,000 al año, se espera que los abogados discutan ante los jurados la capacidad de la ciudad para pagar compensación por daños y perjuicios.

Aun así, Fuller dijo que tiene la intención de ir tras los activos de Carollo, pidiendo al tribunal que embargue el salario del comisionado y ponga un gravamen sobre su multimillonaria casa de Coconut Grove. Y es posible que el comisionado tenga poco que hacer al respecto.

La ley de la Florida dice que para “suspender” o detener temporalmente el cobro de la sentencia de $63.5 millones contra Carollo durante una apelación, el comisionado tendría que obtener una fianza por valor de toda la sentencia y el doble de la tasa de interés anual. Y encontrar a alguien que ponga el dinero de la fianza es poco probable debido al riesgo: Si el comisionado pierde la apelación, la ley permite a los demandantes cobrar el sustancial veredicto con el dinero de la fianza.

‘Llevarlos a la ruina’

La demanda de seguimiento contra Miami no tiene fijada fecha para juicio, ya que las dos partes siguen luchando por la divulgación de pruebas durante las audiencias de actualización de estado. También es posible que se retrase hasta después de la apelación de Carollo, porque una decisión al respecto también pudiera dar lugar a conversaciones para llegar a un acuerdo de conciliación.

Pero la demanda de 104 páginas presentada en septiembre de 2021 por Fuller y sus socios Ben y Zach Bush, está llena de jugosos detalles y acusaciones que alegan que Carollo y los administradores de la ciudad se unieron para usar todo el poder del gobierno municipal para destruir los negocios de los hombres. Se dice que la ciudad consiguió cerrar un negocio, obligó a otro a mudarse e incluso el cierre de Ball & Chain más de un año durante la pandemia en una disputa sobre los permisos de ocupación.

Entre las acusaciones se dice que Carollo dijo a Méndez que “tomara las propiedades de estos tipos” y los “llevara a la ruina”. También alega que un subdirector municipal advirtió al ex director de Cumplimiento, Orlando Díez, que “Carollo quiere tu cabeza” y “habrá consecuencias” si no seguía las instrucciones del comisionado. Díez testificó contra Carollo en el primer juicio.

La segunda demanda civil federal —presentada por Mad Room como corporación paraguas de Ball & Chain, Altos Mexicano, Taquerías El Mexicano, Little Havana Arts Building y La Gran Fiesta contra la ciudad de Miami— alega que la ciudad y Carollo fueron tan atroces en su intento por destruir a Fuller y sus socios que se creó una ordenanza dirigida exclusivamente contra sus negocios.

Dice que la oficina de la abogada municipal proporcionó a Carollo una lista de 11 propiedades que debían inspeccionarse, todas menos tres propiedad de Fuller y sus socios, y que los inspectores municipales solo echaron un vistazo superficial a los estacionamientos de las tres propiedades que no eran propiedad de los hombres, mientras que citaban constantemente a las otras propiedades e intentaban retirarles los permisos.

Más concretamente, la demanda de siete cargos presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida acusa a la ciudad de ignorar el debido proceso al citar las propiedades de los demandantes y de usar a la Policía y el Departamento de Códigos para llevar a cabo registros e incautaciones ilegales. También acusa a los comisionados de infringir los estatutos de la ciudad.

Según la demanda, la ciudad de Miami “desarrolló y desplegó una política deliberada” creando leyes, planificadas por la abogada municipal y promulgadas por el Departamento de Aplicación del Código, los Bomberos, la Policía y otros departamentos “para destruir los derechos constitucionalmente protegidos de los demandantes sobre sus bienes inmuebles y en sus negocios”.

Dice que la política de la ciudad “corrompió” a los departamentos en un esfuerzo por echar a Fuller y a sus socios de la ciudad. También dice que la venganza de la ciudad contra los hombres fue tan rencorosa que el gobierno fue “usado como arma” contra Fuller, que junto con sus socios se vieron atrapados en un “ir y venir de pesadilla” retirando derechos como certificados de ocupación y luego “cambiando las reglas” cuando se cumplían las exigencias.

Al final —con argumentos que se hacen eco de los del caso Carollo— simplemente exigió un juicio con jurado.

“Hay que dar una lección a estos funcionarios públicos para que no vuelvan a hacerlo”, dijo Fuller.