Poder de compra en caída: qué pasará con los haberes jubilatorios en los próximos cobros

Con una inflación acumulada en los primeros siete meses del año que sería no inferior al 46% (según una proyección que está en línea con un aumento del índice de precios estimado en 7,5% para julio), los haberes de los jubilados y pensionados del sistema general gestionado por la Anses son hoy alrededor de un 12% más bajos, en términos de su poder de compra, que cuando comenzó 2022. Esa es una consecuencia del ritmo acelerado de la suba de precios, frente a un aumento nominal de haberes acumulado de 29,12%: hubo una recomposición de 12,28% en marzo y otra de 15% en junio.

La situación es aún más grave para el caso de los jubilados del sistema previsional de docentes, que en lo que va del año solo recibieron, en marzo un reajuste de 9,38%, por lo cual sus ingresos ya acumulan una pérdida de poder adquisitivo de alrededor de 25%. Para esos haberes deberá haber una recomposición en septiembre.

¿Qué novedades habrá en los próximos días y meses para los ingresos previsionales y qué alcances tendrán, en cada caso?

Garantía del 82% del salario mínimo

En el actual mes de agosto, el salario mínimo, vital y móvil pasa de $45.540 a $47.850. Eso activa una garantía fijada por la ley 27.426 –aprobada en diciembre de 2017– que indica que el Estado pagará, en caso de hacer falta, un adicional para que los haberes no sean inferiores al 82% de esa remuneración básica. Como desde este mes ese valor de referencia equivale a $39.237 y la jubilación mínima es de $37.525, la Anses deberá agregar un suplemento de $1712 a los haberes de quienes, cobrando el básico, cumplan con las condiciones para ser alcanzados por la medida, y también una cifra extra de menor cuantía a quienes perciben entre la mínima y $39.237.

Según establece la mencionada ley, la garantía solo alcanza a quienes se jubilaron tras haber acumulado efectivamente 30 años de aportes; eso significa que quedan al margen todos los que ingresaron al sistema recurriendo a una moratoria (tres de cada cuatro prestaciones equivalentes al haber mínimo que se pagan actualmente dependieron de ese plan). Según una estimación basada en datos de la Secretaría de Seguridad Social, son alrededor de 1,3 millones las jubilaciones y pensiones que cumplen con las condiciones para el suplemento.

Para los meses siguientes, aún no es posible saber qué ocurrirá. Por un lado, en septiembre subirán las jubilaciones en función de la ley de movilidad y, de no existir un nuevo reajuste del salario mínimo para ese mes, quedará desactivada la cláusula (porque el ingreso previsional mínimo superará el 82%). Por otro lado, el Gobierno formalizó una convocatoria al consejo del salario mínimo para el 18 de este mes; tras ese encuentro, se sabrá qué subas tendrá la remuneración más baja y desde cuándo regirán.

La garantía del 82% para haberes bajos rige desde 2018. En 2010 el Congreso había aprobado una ley similar, pero fue enseguida vetada por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

Reajuste trimestral por movilidad

Para septiembre está previsto, tal como lo dispone la ley 27.609, que se aplique el tercer y penúltimo aumento del año según la fórmula de actualizaciones, que contempla la variación de los salarios y de la recaudación de recursos tributarios destinados al pago de prestaciones de la seguridad social. De acuerdo con estimaciones de tres economistas consultados LA NACION, Marcelo Capello, del Ieral, Sergio Rottenschweiler, de la Universidad de General Sarmiento, y Rafael Rofman, del Cippec, con los datos disponibles hasta ahora es posible estimar que el alza será de entre 15 y 16%. Si eso se confirma, el haber mínimo será de entre $43.150 y $43.530, y el máximo, de entre $290.380 y $292.910. Los nuevos valores regirán hasta noviembre; en diciembre habrá otro reajuste.

Más allá de las estimaciones, el nivel oficial de movilidad dependerá, finalmente, de la evolución que haya tenido en junio el índice de salarios elaborado por el Indec, el último dato que falta conocerse de los que integran el cálculo. Esa información será difundida el miércoles próximo y esa misma tarde, según dijo el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, se anunciará de cuánto será el aumento de los haberes, que, tal como establece la ley y dada una garantía constitucional, debe alcanzar a todos los jubilados y pensionados, más allá del nivel de sus ingresos.

Refuerzo de ingresos

Massa afirmó también que, cuando se difunda oficialmente el índice de movilidad de septiembre, se anunciará el pago de un refuerzo “que ayude a los jubilados a superar el daño que les produce la inflación”. En los próximos días habrá detalles del monto y del alcance que tendrá ese adicional. Más allá de que la suba de precios afecta a todos, los bonos antes otorgados por el Gobierno fueron para determinados grupos.

En un tuit que publicó este fin de semana, el ministro Massa indicó que el adicional será “un acompañamiento” a los jubilados, cuyo costo se afrontará con “una mayor recaudación por anticipo de Ganancias decidida por @AFIPComunica, para que a ese ingreso de sectores con mayor capacidad de pago lo volquemos en uno de los sectores que más sufre sin afectar el orden de nuestras cuentas”.

Como se trata de una medida de adelanto en el cobro de una carga que pesa sobre un grupo de contribuyentes (la AFIP no tiene atribuciones, de hecho, para crear o incrementar impuestos), no se trata de una fuente genuina para el financiamiento de los pagos. El dinero que el Estado reciba ahora de manera anticipada dejará de ser percibido más adelante; es decir, si bien se reconoce que hay un problema fiscal para hacer frente al pago de un refuerzo a los jubilados dados los daños de la alta inflación, al problema no se lo soluciona, sino que se lo patea para más adelante.

Entre los temas pendientes de definición está el de qué jubilados y pensionados se verán alcanzados por el pago adicional. En abril de este año se abonó un monto de $6000 a quienes recibían el haber mínimo (y bonos de cifras más bajas a quienes cobraban un ingreso hasta $6000 más elevado, para evitar que ese mes recibieran menos que los del haber mínimo). En mayo se les abonó $12.000 a quienes percibían hasta el equivalente a dos veces el haber mínimo, y bonos menores para quienes cobraban algo más.