No es paranoia, la Corte Suprema pudiera anular el matrimonio gay y los anticonceptivos | Opinión

·4  min de lectura

Las mujeres y las personas LGBTQ se despertaron el viernes en un mundo en el que sus derechos a prevenir embarazos, tener relaciones sexuales y casarse pudieran desaparecer de un plumazo con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Este escenario distópico del libro “Handmaid’s Tale” no es solo una exageración liberal, lamento decirlo.

El dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos que revoca el caso Roe v. Wade, publicado el viernes, elimina el derecho constitucional al aborto, dejando que los estados decidan el asunto.

El paquete de más de 200 páginas entregado por el tribunal máximo también contiene algo aún más escalofriante: una opinión concurrente redactada por el juez Clarence Thomas en la que se argumenta que el tribunal “debería reconsiderar” otras sentencias que codificaron los derechos a las relaciones y el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como el acceso a los anticonceptivos. La corte basó Roe v. Wade y esas otras sentencias –Griswold v. Connecticut, Lawrence v. Texas y Obergefell v. Hodge– en la cláusula del debido proceso de la Enmienda 14.

Según el razonamiento de Thomas, el fallo del viernes provoca la revisión de todos los precedentes similares.

Escribió que “...tenemos el deber de ‘corregir el error’ establecido en esos precedentes”. Habló en su nombre, no en el de los otros cinco jueces conservadores, pero su opinión es una invitación implícita para que los estados rojos aprueben leyes que vayan en contra de esos precedentes con la esperanza de revertirlos.

La corte ‘no ha terminado su trabajo’

Su escrito confirma los temores de que la anulación de Roe v. Wade es solo el primer paso en la usurpación por parte de la corte de los derechos que pensábamos que estaban sólidamente garantizados en nuestra sociedad. Los tres jueces liberales del tribunal se hicieron eco de esa preocupación, escribiendo en su opinión disidente que “nadie debe confiar en que esta mayoría haya terminado su trabajo”.

Para aquellas mujeres a las que no les importa el fin de Roe v. Wade –pensando que nunca se someterían a un aborto, de todos modos– es hora de que empiece a importarles. Gracias a la sentencia Griswold v. Connecticut de 1965, los hombres de mediana edad que encabezan la mayoría de los capitolios estatales no pueden prohibirles a las mujeres el acceso a los anticonceptivos.

Pero, vamos, las mujeres toman la píldora como si tomaran vitaminas hoy en día. ¿Quién prohibiría la anticoncepción? Probablemente gente como el gobernador de Mississippi, quien no lo descartará, o los republicanos que intentaron impedir que la agencia Medicaid de Missouri pagara la píldora del día después y los DIU.

Estos son los tipos de políticos que controlan muchas legislaturas estatales, que, sin protecciones constitucionales, estarían a cargo de decidir qué pasa con los anticonceptivos, las relaciones entre personas del mismo sexo y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso crearía una división en Estados Unidos, donde sus libertades sean dictadas por el estado en el que usted vive.

La situación en Florida

Y Florida no tiene muy buena pinta.

El Estado del Sol es el hogar del proyecto de ley de derechos parentales apodado “No digas gay”, de un gobernador que se ha manifestado en contra de los espectáculos de drag queens y donde una senadora estatal tomó la palabra en el Senado para declarar que “LGBT no es algo permanente”. Los colegas republicanos de la senadora de Miami Ileana García que dirigen el gobierno estatal no le reprocharon su disparatado discurso.

Si se revoca la histórica sentencia de 2015 sobre el caso Obergefell v. Hodge, uno puede adivinar en qué lado del debate sobre el matrimonio gay caería la Florida.

Las cosas pudieran ser aún más absurdas.

En el caso Lawrence v. Texas de 2003, el tribunal dictaminó que una ley de Texas que convertía la actividad sexual entre personas del mismo sexo en un delito violaba la cláusula del debido proceso de la Enmienda 14. No es de extrañar que Thomas disintiera. Sin ese precedente, los estados podrían arrestar y procesar a las personas que practican sexo gay.

Parece poco probable que eso ocurra en 2022. Pero no es paranoia preguntarse qué pudiera pasar en los estados rojos cuando se lee la plataforma 2022 del Partido Republicano de Texas: “La homosexualidad es una elección de estilo de vida anormal. Creemos que no se deben conceder derechos legales especiales ni crear un estatus especial para el comportamiento homosexual”.

Hay un poco de consuelo en el reproche a la plataforma de Texas del senador republicano de la Florida Rick Scott esta semana. Dijo que su partido es “incluyente”, pero sus palabras suenan vacías teniendo en cuenta cómo los republicanos de la Florida han tratado a sus electores LGBTQ.

Un mundo en el que nuestros derechos pudieran ser arrebatados tan rápidamente solía parecer material de ficción literaria. Pero la opinión de Thomas parece más bien un mal presagio.

Nuestro objetivo es crear un lugar seguro y atractivo para que los usuarios se conecten en relación con sus intereses. Para mejorar la experiencia de nuestra comunidad, suspenderemos temporalmente los comentarios en los artículos.