"Un tribunal y no Twitter ha debido decidir sobre la suspensión de las redes de Trump"

Mariángela Velásquez
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BERLIN, GERMANY - JANUARY 09: A person tabs on the suspended account of Donald Trump, President of the United States of America, on Twitter on January 09, 2021 in Berlin, Germany. The American microblogging and social networking service Twitter suspended Trump after his fans stormed the United States Capitol in Washington and to prevent further incitements for violence. (Photo by Florian Gaertner/Photothek via Getty Images)
La suspensión de la cuenta de Twitter de Donald Trump por incitación a la violencia ha puesto en entredicho los derechos de los usurios en redes sociales. (Photo by Florian Gaertner/Photothek via Getty Images)

"Para todos los que han preguntado, no asistiré a investidura el 20 de enero", dijo Donald Trump en el último tweet de su cuenta @realDonaldTrump el 8 de enero de 2021.

Los 57.260 tuits publicados en esa red social durante 12 años desaparecieron de la vista pública con un clic y dejó a Trump sin 89 millones de seguidores que lo escuchaban con avidez.

Twitter anunció el viernes la suspensión permanente de @realDonaldTrump luego de determinar que dos tweets del 8 de enero violaban su Política de Glorificación de la Violencia.

La empresa tecnológica quiso frenar la polarización política al evitar que su red fuese usada para diseminar mensajes de odio que incitaran a la violencia, un día después del ataque al Capitolio que dejó 5 muertos y al menos 14 heridos.

Facebook e Instagram fueron un poco más flexibles y suspendieron la cuenta de Trump hasta el día en que Joe Biden tome posesión de la presidencia. Twitch y Snapchat prefirieron desactivarlo sin especificar fecha.

Esas medidas han generado un amplio debate sobre el alcance de la libertad de expresión en las redes sociales.

Un reporte del Servicio de Investigación del Congreso, publicado por la agencia de noticias AP, explicó que las demandas contra Twitter fracasarán porque las garantías sobre la libertad de expresión de la Primera Enmienda sólo aplican cuando una persona es perjudicada por una acción gubernamental.

"La Primera Enmienda no aplica a organizaciones del sector privado. No funciona de esa manera", explicó Chris Krebs, quien supervisó la estrategia seguridad cibernética en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos hasta que Trump lo despidió cuando hubo denuncias de fraude electoral.

Seguridad jurídica

Carmen Beatriz Fernández, investigadora, consultora en política cibernética y profesora de la Universidad de Navarra, dijo que la expulsión de Trump de Twitter es un tema que debió ser decidido en un tribunal y no por el directorio de la red social.

Fernández explicó que es un tema extremadamente complejo en el que no caben posiciones tajantes.

Si bien es cierto que Twitter es una empresa privada que ofrece una plataforma para la comunicación de sus usuarios, los usuarios también son generadores de contenido.

"De alguna manera somos socios, aunque con mucho menos poder porque nos suscribimos a un contrato de adhesión". Esa situación genera un desequilibrio porque hay una situación de poder de los dueños de la plataforma hacia los usuarios.

"Los usuarios estaríamos más seguros si en vez de ser Twitter el que dictaminase quién debe salir y por qué eso lo hiciese un tribunal".

El contraataque Trumpista

Una situación improbable sería que Trump se comunique con sus 89 millones de seguidores mediante una plataforma alternativa porque aunque es una empresa privada estaría prestado un servicio público de información que estaría sujeto a ciertas restricciones.

La red Gab, integrada por simpatizantes de Trump, dijo que el viernes su red social había crecido 120 % luego de que "Silicon Valley silenció al presidente y a su llamado de paz".

Pedían donaciones y colaboración para expandir rápida y masivamente la expansión de su servidor.

"Este es un golpe de estado contra nuestro país por las grandes compañías tecnológicas dirigidas por extranjeros. No lo podemos tolerar. Debemos hacer algo y Gab está construyendo soluciones. El gobierno no ha hecho nada y no hará nada. Nadie vendrá a salvarnos. Debemos salvarnos nosotros mismos", dijo el grupo en una comunicado divulgado por correo electrónico.

Promover la impunidad

Otro problema que surge de la suspensión permanente de la cuenta de Trump es que invisibilizó en retroactivo todos los tweets que creó en su cuenta y que ya nadie podrá ver.

Fernández señaló que con la decisión se perdieron los hilos, las respuestas, todas las interacciones que tuvo el presidente durante los cuatro años de gobierno. Fernández lamentó la desaparición de un “material histórico, de dominio público, hemerográfico, de investigación" y aseguró que perderse la lógica de las conversaciones se hace más complicado el seguimiento de su discurso político.

Una decisión más ecuánime hubiese sido impedir que la publicación de nuevos mensajes sin eliminar los anteriores.

En Estados Unidos existe por ley un repositorio de todo lo que dijo Trump durante su mandato pero ya no está a la vista de todos.

Fernández recordó que hay muchos antecedentes de eliminación de cuentas en esa edad social. Por ejemplo, en el caso venezolano, Twitter eliminó cuentas que incitaban a la violencia o difundían desinformación con respecto a la pandemia.

"Las eliminan y todo el historial que podría ser un testimonio o una evidencia en un tribunal. Si los dueños de esas cuentas están cometiendo un delito, un delito de odio, o actividades penalizadas no basta con que Twitter te quite la cuenta y la única penalidad va a ser perder la cuenta".

La profesora de comunicación alertó que con esas medidas se podría estar promoviendo la impunidad de un delito que podría ser penado por la justicia.

La relevancia y la gran cantidad de seguidores de Trump puso el foco sobre la libertad de expresión y jurisprudencia en las redes sociales en el que falta mucho por discutir.

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