Tierras sustraídas al campesinado, el remanente de la dictadura en Paraguay

Agencia EFE
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Asunción, 29 oct (EFE).- Unos ocho millones de hectáreas permanecen como exponente del problema de la tierra en Paraguay y como remanente de la dictadura de Alfredo Stroessner, que distribuyó la mayor parte de esos terrenos entre sus aliados políticos y privó a sus beneficiarios legales: el campesinado pobre.

La exigencia para recuperar esas tierras mal habidas durante la dictadura de Stroessner (1954-1989) ha cobrado actualidad estos días tras las denuncias presentadas por varios gremios agroganaderos contra tres senadores por supuestamente alentar las ocupaciones de los campesinos sin tierra.

La denuncia empresarial ha tenido un efecto bumerán, al sacar a la palestra el informe de 2008 de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) sobre las víctimas de la dictadura, creada por ley y que en uno de sus apartados reseñó la lista de personas y extensiones adquiridas de forma fraudulenta.

Alrededor de 7.800.000 hectáreas, la mayor parte repartidas entre 1954 y 1988, y cerca de un millón de ellas entre 1989 y 2003.

Esta extensión representa el 32,7% de las tierras productivas y el 19,3% del territorio de Paraguay, país con la distribución de tierra más desigual de América Latina, según organizaciones como Oxfam.

DE STROESSNER A SOMOZA

El propio Stroessner, así como su consuegro, el general Andrés Rodríguez, que participó en el golpe militar que le derribó y fue el primer presidente tras la dictadura, figuran en esa lista.

Y dirigentes del Partido Colorado, sustento político del régimen, entre ellos el secretario privado de Stroessner y padre del actual mandatario del país, Mario Abdo Benítez, también de esa formación.

Junto a militares, empresarios y el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza, refugiado en 1979 en Paraguay, donde años después murió en un atentado, y que consiguió unas 8.000 hectáreas.

"TIERRAS REGALADAS"

Las tierras fueron prácticamente "regaladas" a actores que no tenían derechos de beneficiarios, dijo a Efe Alberto Alderete, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) durante el Gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), de la agrupación de izquierda Frente Guasu.

Alderete indicó que se trató de un proceso resultante de la degeneración del original, una reforma agraria propuesta para América Latina por el Gobierno de John Kennedy tras el éxito a la revolución cubana.

"Fue una política de Estado porque fue planificada de forma masiva y se empezó a repartir tierras a precios irrisorios. Muchos de esos lotes fueron revendidos, compraban a precio fiscal y vendían a precio de mercado", explicó.

Esa ilegalidad fue contemplada cuando el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), del Partido Colorado, interpuso varias demandas, que antecedieron a otras presentadas en los correspondientes juzgados de primera instancia por el posterior Gobierno de Lugo.

Sólo cinco de ellas tuvieron recorrido legal, y en fallos contra el Estado, al ser rechazadas con el argumento de que la Procuraduría no tiene potestad para presentar esas demandas.

Lo que a juicio de Alderete es anticonstitucional al designar la Carta Magna a ese ente como el impulsor de esas acciones.

No obstante, catalogó como una "luz de esperanza" el fallo de la Corte Suprema de hace un año, que ratificó esa potestad y que según Alderete "podría "tener un efecto cascada".

A su vez, señaló a esa decisión como la causante de las denuncias de la Asociación Rural del Paraguay (ARS) y la Unión Industrial del Paraguay (UIP) contra tres senadores.

"EL VIEJO PODER"

Esos grupos denunciaron a los legisladores, dos del Frente Guasu y uno del Partido Democrático Progresista, por uso indebido de influencia en apoyo de actos de ocupación ilegal campesina.

Los senadores habían visitado los terrenos de la ganadera Pindó, en el departamento de Canindeyú, para escuchar las reivindicaciones de decenas de familias campesinas que ocupan ese predio desde hace años y piden que se proceda a la expropiación.

La ARS y la UIP presentaron denuncia ante la Fiscalía, así como una petición al presidente del Congreso para la pérdida de investidura de los senadores.

Hugo Richer, uno de esos dos senadores del Frente Guasu, dijo a Efe que esas iniciativas son la muestra de una transición forjada en la "impunidad de las tierras mal habidas" y al amparo del "viejo poder".

Recordó, además, las políticas por la recuperación de tierras del Gobierno de Lugo, destituido por un juicio parlamentario promovido por el Partido Colorado.

Ello tras la muerte en 2012 de 17 personas durante un desalojo campesino en unas tierras en litigio entre el Estado y la familia de Blas Riquelme.

Un histórico dirigente del Partido Colorado durante la dictadura de Stroessner, Riquelme aparece también en el informe de la CVJ como adjudicatario fraudulento a través de persona interpuesta.

(c) Agencia EFE