Yahoo Noticias La reforma que puede cambiar el deporte español tal como lo conocemos
Al consultar una lista de los equipos que participan en, por ejemplo, la Primera División española, habrás notado que, si está indicado el nombre completo, muchos de ellos terminan con las mismas tres letras: S.A.D. Tus conocimientos de inglés las asociarán a la palabra que usan los británicos para hablar de algo triste, pero no va por ahí, aunque sí que es cierto que, en algunos casos, las consecuencias han sido trágicas. En realidad se trata de las iniciales de "sociedad anónima deportiva".
Es la concepción mercantilista del deporte llevada a sus últimas consecuencias. Los equipos ya no son clubes propiedad de sus socios, sino empresas con sus consejos de administración y sus accionistas en las que el capital puede venir de cualquier lugar del mundo. Llámalo evolución modernizadora, llámalo capitalismo salvaje; en cualquier caso, es el destino inevitable para cualquier entidad deportiva que quiera competir en lo más alto.
O era. Porque, según informa el portal especializado en industria deportiva 2Playbook, el borrador de la nueva Ley del Deporte que está preparando el gobierno, con el ministro José Manuel Rodríguez Uribes y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) José Manuel Franco al frente, va a eliminar este requisito. Los clubes que deseen convertirse en Sociedad Anónima podrán hacerlo, pero ya no será obligatorio como hasta ahora. Si lo estiman conveniente, podrán seguir siendo asociaciones a la antigua usanza.
Se cumple así un viejo anhelo de no pocos colectivos de aficionados que se veían condenados a perder la titularidad del club de sus amores cuando empezaba a prosperar y ascendía a categoría profesional. Es lo que le puede ocurrir, por ejemplo, al Amorebieta, uno de los recién llegados a Segunda División, que con la normativa todavía vigente tendrá que emprender una transformación institucional (si bien LaLiga les concede un año para que completen el trámite). O como le habría pasado a Unionistas de Salamanca, durante buena parte de la pasada temporada uno de los candidatos más firmes a progresar desde 2ª B a los niveles profesionales.
La ley que aún regula este asunto se remonta a 1990. El ejecutivo de la época, liderado por el socialista Felipe González y con Javier Gómez Navarro como jefe del CSD, la promulgó con el objetivo declarado de dotar de una estructura más profesional y transparente a la administración de los clubes, que, hay que reconocerlo, venían de años de gestión más bien ruinosa, con balances muy negativos en la mayoría de los casos. Con la transformación obligatoria en empresas (de la que quedaron exentos Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Osasuna por ser, teóricamente, los únicos que no presentaban pérdidas en ese momento) se pretendía ajustar su funcionamiento a las reglas del mercado, fomentando de paso la entrada de inversores que aportaran capital, y establecer mecanismos de control que evitaran desmanes.
Salió mal. La propia transformación en Sociedad Anónima, que se pospuso a 1992, ya dio pie a fraudes como el que sufrió el Atlético de Madrid, que quedó en manos de la familia Gil y de Enrique Cerezo (en las que sigue) tras perpetrarse una estafa en la que simularon poner el dinero necesario para la operación sin que realmente aportaran una sola peseta. Pero incluso en los casos en que no llegó a cometerse delito alguno, el fútbol español perdió en calidad democrática, puesto que los clubes ahora solo dependían del capricho del presidente reconvertido en dueño, sin posibilidad de derrocarle en unas elecciones si su trabajo no gustaba.
El carácter comunitario de las entidades, su implicación en la sociedad de la que habían surgido, desaparecía para reconvertirse en mera industria del entretenimiento a mayor beneficio del propietario de turno. Al poderse comprar y vender las acciones sin límite (salvo poquísimos previsores, como la Real Sociedad, que fijaron en los estatutos cuotas máximas que podía poseer una misma persona), y al poder efectuarse ampliaciones de capital, acabó ocurriendo que, aunque inicialmente los títulos de propiedad estuvieran muy repartidos entre la hinchada, al poco tiempo quedaron concentrados en pocas manos que manejaban los clubes a su antojo, en la práctica multiplicando las deudas que se pretendían cancelar.
Los famosos mecanismos de control brillaron por su ausencia; así hemos podido ver durante las últimas décadas desapariciones e intentos de refundaciones de equipos históricos de nuestro balompié. Aparte de otros problemas: por ejemplo, para entrar en campeonatos profesionales (en el caso del fútbol masculino se consideran como tal solo las divisiones que dependen de LaLiga, es decir, Primera y Segunda) se establecieron requerimientos financieros difíciles de asumir en entidades modestas. Cuando el Eibar llegó a la máxima categoría en 2014, pese a que sus cuentas estaban saneadas, tuvo que recurrir a una ampliación de capital atrayendo online inversores de todo el mundo; solo así pudo evitar el riesgo de ser descendido a 2ª B.
Esas exigencias también se plantearon en 1992, lo que llevó a muchos clubes a solicitar préstamos bancarios, con sus correspondientes intereses, para poder hacer frente al gasto de la transformación que, a modo de bola de nieve, dieron origen a los problemas que arrastraron durante las décadas siguientes. En algunos casos el perjuicio llegó a la tesorería de la administración. No pocos gobiernos locales o regionales se vieron obligados, por la relevancia social de las entidades en riesgo (y la mala imagen que generaría entre una parte importante del electorado si no lo hubieran hecho), a inyectar dinero público para comprar acciones y salvar del descenso o de la liquidación a algunos equipos.
Tal funcionamiento deficiente se reconoce abiertamente en el borrador de la ley: "Este modelo de participación ha demostrado su ineficacia a raíz de las múltiples crisis que han sufrido las Sociedades Anónimas Deportivas desde el año 1990". Por eso se optará por suprimir esta obligatoriedad, aunque sin erradicarla por si las necesidades concretas de algún club en particular lo requieren. Hay que tener en cuenta que seguirá habiendo umbrales mínimos de capital para permitir la participación en las distintas ligas profesionales. De dónde lo sacan ya será cosa de cada uno.
Estos baremos no los fijan las propias competiciones, sino que los determina el Ejecutivo, y lo publica en el BOE, mediante una serie de cálculos basados en datos obtenidos en años anteriores. En el caso del fútbol masculino, entrar en LaLiga en la campaña 2021/22 requerirá un patrimonio de al menos 4,71 millones de euros. Pero, aunque nos estemos centrando en el balompié masculino por ser habitualmente el que más revuelo genera, también otros deportes con estatus profesional están afectados. Jugar en la ACB, la máxima categoría del baloncesto masculino español, exigirá disponer de como poco 1,97 millones de euros.
Para el fútbol femenino no se ha dado a conocer aún la cifra; se prevé que se facilite en las próximas semanas. Porque este cambio de normativa es especialmente relevante, ya que la próxima temporada se va a constituir la Liga Ellas, su primer campeonato profesional en la historia de España (entendiendo esto a efectos jurídicos; no es que antes no cobraran, sino que ahora la normativa que se aplique será diferente). A la mayoría de los participantes no les preocupará demasiado, puesto que son secciones femeninas de clubes masculinos que ya eran SAD desde hace años, pero a otros independientes como el Sporting de Huelva, el Granadilla Tenerife o el Madrid CFF sí les afecta, además de a los que puedan subir en el futuro.
El hecho de que, por fin, las autoridades deportivas españolas hayan entrado en razón y vayan a eliminar la exigencia de transformarse en SAD es una muy buena noticia de la que debemos alegrarnos. Porque el daño de las últimas tres décadas ya está hecho, pero por lo menos ahora sabemos que, de cara al futuro, se puede evitar y hay clubes que lograrán escapar a sus garras. Puede ser, además, un punto de partida para revertir la situación y establecer un modelo análogo al 50+1 que rige en Alemania, según el cual, por ley (y con un par de excepciones por motivos históricos) al menos la mitad del accionariado tiene que estar en manos de los socios del club, que así conservan el control. De momento, en España ya tenemos la figura de los clubes de accionariado popular, como el citado Unionistas, que por un posicionamiento ético se negaban a manejarse con criterios empresariales; hasta ahora, por muy exitoso que fuera su modelo, la normativa establecía un techo más allá del cual no podían progresar. Si el cambio legal sale adelante, el límite ya no estará en el despacho del consejo de administración, sino en el terreno de juego.
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