Radiografía del hachazo fiscal que se nos viene encima en España

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En España el futuro fiscal puede ser muy negro. “Vamos a sufrir mucho”, sostiene el profesor de economía de la Universidad de Barcelona Gay de Liébana. En un tiempo largo de cierta ralentización económica, el Gobierno tiene una agenda expansiva del gasto por lo que “hay que recaudar dinero del sector privado”. Llegan nuevos impuestos al transporte aéreo, a los plásticos, a ciertos alimentos, que se suman a otros ya aprobados como las llamadas Tasa Tobin y Tasa Google.

El Gobierno aprobó el pasado 18 de febrero los proyectos de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Al menos de inicio, dichos impuestos dejan fuera a la clase media y trabajadora y a los autónomos y pymes, con la intención de que aporte quien más tenga.

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María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (Foto: Jesús Hellín/Europa Press via Getty Images)
María Jesús Montero, ministra de Hacienda. (Foto: Jesús Hellín/Europa Press via Getty Images)

El Impuesto a las Transacciones financieras, conocido como ‘Tasa Tobin’ para hacer honor al Nobel de Economía, nace con una estimación por parte del Gobierno de recaudar ingresos de 850 millones de euros anuales. Este impuesto gravará con un 0’2% las operaciones de compraventa de participaciones en empresas que tengan una facturación que haya superado los 1.000 millones de euros en el ejercicio anterior al informe anual que publicará el Ministerio de Hacienda. De este proyecto se espera una inyección de dinero para los presupuestos sociales. La idea es añadir un impuesto mensual en la adquisición de acciones de grandes empresas españolas, que lo liquida el intermediario financiero que ejecute la orden de compra, independientemente de que actúe por cuenta propia o de terceros. Esto podría provocar la pérdida de muchos inversores.

En Francia, donde entre otros países europeos como Italia, Reino Unido, Suecia y Polonia, ya está implantada esta medida, la operativa bursátil descendió en un 10%.

El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como ‘Tasa Google’ y del que se estima una recaudación de 968 millones de euros, surge con el aumento de los ingresos por la publicidad ‘online’, los servicios de intermediación prestados por plataformas digitales y el tráfico de datos en Internet.

Esto va a recaer solamente sobre las empresas digitales que ingresen al menos 750 millones de euros anuales a nivel mundial y cuyos ingresos en España sean superiores a los tres millones. Esto se reduce a los grandes gigantes de Internet, ya que la UE sostiene que las compañías tecnológicas pagan un tipo medio del 9’5%, mientras que las empresas tradicionales aportan el 23’3%.

Ya para rematar, Hacienda ha planteado nuevos impuestos a los billetes de avión y a los plásticos de un solo uso destinados a contener alimentos. Con esto se pretende, en primer lugar, disminuir el uso de estos plásticos en el mercado, de modo que se reduzca su consumo. Por otra parte, haciendo referencia al impuesto sobre el transporte aéreo, se propone dar mayor peso a los impuestos medioambientales para luchar contra el cambio climático y promover la implantación y uso de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente.

También se estudia otra subida alrededor del 3% de las bases máximas de cotización de la Seguridad Social para incrementar los ingresos públicos destinados al gasto social. Esta medida se suma al incremento del 7% que se aprobó en el anterior ejercicio y varía según el salario.

La aprobación de esta batería de impuestos para reducir el déficit público e ingresar más dinero en las arcas del Estado puede dar en hueso. Si combinamos desaceleración y subida de impuestos, la presión sobre el sector privado y los consumidores se puede hacer insoportable. ¿Tenemos que empezar a apretarnos el cinturón?


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