¿Qué puede aportar el Gobierno PSOE-Unidos Podemos al problema de la vivienda?

Un obrero durante la construcción de un tejado en Elk Grove, California. (Foto AP/Rich Pedroncelli)
Un obrero durante la construcción de un tejado en Elk Grove, California. (Foto AP/Rich Pedroncelli)

La Organicación de las Naciones Unidas (ONU) define “la vivienda social como parte del sistema de vivienda diseñada para atender a las necesidades de los hogares que no pueden acceder a la misma en las condiciones del mercado”. Aplicada la teoría a España, toca hablar más de vivienda de protección oficial (VPO) que de vivienda social propiamente dicha. Así ha sido durante varias décadas. Aunque la fórmula da síntomas de agotamiento. Aquí van dos datos que ejemplifican la situación actual que ha multiplicado los precios al alza.

En 1977 en España se entregaron las llaves de 85.000 viviendas vpo, y en 2017 la cifra apenas alcanzó las 5.375. Y de ellas, únicamente el 2,5% se destinó a alquiler social, frente al 17% en Francia y el 30% en Países Bajos.

Eso hace que en Madrid, por ejemplo, haya más de 5.000 personas la lista de espera para acceder a una vivienda social en la región

A esta degradación tan exagerada ha contribuido la crisis económica y la poca ética de algunos partidos políticos que no dudaron en cuadrar sus cuentas municipales vendiendo miles de pisos vpo a los fondos buitre.

Todos estos argumentos son los que Unidos Podemos está poniendo encima de la mesa a colación de la formación del futuro Gobierno para el que se ha pedido, entre otras, la cartera de Vivienda e Igualdad. Concretamente, en el programa electoral de Unidas Podemos se propone "intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias". El horizonte más ambicioso de Pablo Iglesias es garantizar que "ninguna familia pague más del 30% de su renta en concepto de alquiler".

Para ello el partido morado pretende recuperar "el modelo exitoso de ciudades europeas como Viena", e incrementando en 200.000 viviendas el parque de vpo a lo largo de la próxima legislatura. ¿Cómo? "Mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda, junto con otros sancionatorios, para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías". Es decir, declarándole la guerra a los fondos de inversión que se han aprovechado de la crisis para colonizar buena parte del mercado.

El PSOE lo acepta, pero con matices. Hablan de impulsar "una oferta de vivienda de alquiler seguro y estable a precios asequibles movilizando las viviendas vacías y a los grandes 'tenedores de vivienda', recuperando su función social, frenando las subidas abusivas de precios y apoyando en particular el acceso de los jóvenes", para lo que anuncian "ayudas al alquiler en proporción a su renta". Pero ni rastro de la "cesión obligatoria" ni de sanciones al respecto que pide su socio de investidura. Queda por ver si de aquí a la investidura el sector del ladrillo presiona más o menos al PSOE y en qué quedarán las promesas. Porque presiones habrá. Eso está claro. El sector inmobiliario mueve en España algo más de 300.000 millones de euros al año y para 2020 se espera que el negocio crezca un 5%. Un buen pellizco que nadie se quiere perder.

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