Preguntas y respuestas sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado

La exministra de Justicia, Dolores Delgado.
La exministra de Justicia, Dolores Delgado. EFE/Elvira Urquijo A./Archivo

La regla de los 100 días de gracia no se va a aplicar al Gobierno de coalición de PSOE y Unidos Podemos. Y todo por el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado por parte del Gobierno como nueva fiscal general del Estado. Su recolocación ha provocado la airada reacción de la oposición, la discrepancia de las principales asociaciones de fiscales y ha suscitado una ristra de preguntas a las que conviene dar respuesta.

¿Es legal?

Sí que lo es. El artículo 124 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado “será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial”. Vamos, que el Gobierno es quien elige al máximo responsable del ministerio público y el Rey lo refrenda. la parte de 'oído' significa que el Consejo General del Poder Judicial puede escudriñar la idoneidad del/la elegido/a -en este caso Dolores Delgado-. Pero su parecer no es vinculante. Esta decisión, además, no necesita ser votada por las Cortes ni por tanto puede ser frenada por ninguna otra institución.

¿Qué debe valorar el CJPJ sobre el nombramiento?

La ley dice que el Consejo General del Poder Judicial prácticamente se limita a constatar si el candidato cumple con el requisito de ser un jurista español "de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión". Dolores Delgado cumple con todo ello: Ganó una plaza de fiscal por oposición en 1989,​ y desde entonces ha trabajado como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (1989-1993),​ en la Fiscalía Especial Antidroga y en la Audiencia Nacional.​ Es experta en la lucha contra el terrorismo yihadista y en abril de 2018 se convirtió en vocal del Consejo Fiscal. En definitiva, será ratificada.

¿Qué dice la oposición?

Por mucho que PP y Cs pataleen, es casi imposible de tumbar este tipo de decisiones. El PP ha anunciado que recurrirá su designación por incumplir, a su juicio, el artículo 59 del estatuto fiscal, que establece que no podrán ser miembros del Ministerio Fiscal quienes pertenezcan a partidos políticos o sindicatos. Pero Delgado es independiente y así lo siguió siendo durante su etapa como ministra. Otra cosa es que durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados -donde fue reprobada como ministra en 2018-, PP y Cs vayan a desplegar toda su artillería en su contra.

¿Es 'fair play'?

La respuesta la acaba de dar Jesús Villegas, magistrado-juez de instrucción número 3 y juez decano de Guadalajara. "Es legal; otra cosa es que pueda ser indecente".

¿Qué opinan las asociaciones de jueces?

De momento han mostrado estupor ante la noticia y consideran, de manera generalizada, que un candidato recién salido del Ejecutivo podría sentirse inclinado a vincularse a sus políticas. La presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha manifestado en Onda Cero "que es una forma muy evidente de querer indicar que la fiscalía la quieren sometida al Gobierno, porque de otro modo no se puede explicar".

¿Hasta qué punto puede Delgado marcar la senda judicial en España?

Mucho, pero no tiene barra libre. Si un fiscal considera que la orden recibida por parte del fiscal general es improcedente o contraria a la ley, puede hacerlo constar y pedir una reunión de la junta de fiscales de sala, que expresará su posición, tras la cual el fiscal general “resolverá” lo que estime oportuno.

¿Por qué Sánchez se ha buscado un lío tan rápido?

Porque sabe que la legislatura que acaba de empezar se va a dilucidar en el campo de juego de la Justicia. No hay más que ver lo que ocurrió la víspera de que ERC aceptara el pacto PSOE-Unidos Podemos. La Junta Electoral Central (JEC) se pronunció sobre Quim Torra y Oriol Junqueras a quienes decidió inhabilitar. Con una sola decisión la JEC cargó contra las dos cabezas más visibles del independentismo a pocas horas del debate de investidura. Al final ERC encajó el golpe sin hacérselo pagar inmediatamente al PSOE y el pacto de investidura salió adelante. Pero Sánchez no quiere más sustos de este tipo. Con Delgado, el Ejecutivo espera que al dejar de estar en funciones logrará imponerse en la institución en un momento especialmente delicado por la crisis del ‘procés’ y por el papel de ERC en la estabilidad presupuestaria.

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