Oenegés denuncian el intento de retrasar el juicio por la masacre salvadoreña de El Mozote en 1981

Agencia EFE
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San Salvador, 19 abr (EFE).- Una veintena de organizaciones humanitarias salvadoreñas denunciaron este lunes un intento de retrasar la elevación a juicio del proceso por la masacre de 1.000 civiles en El Mozote (1981) con la presentación de recursos para separar al juez de la causa y a magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema.

El Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera lleva el proceso en el que una veintena de mandos militares retirados son acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad.

"La defensa está tratando de dilatar por muchos meses la elevación a juicio, a la etapa de debate de pruebas y sentencia definitiva", dijo a periodistas David Morales, abogado de las víctimas y miembro de la organización Cristosal.

Aseguró que los abogados de los militares, "antes sus debilidades en su estrategia de defensa, están recurriendo a medidas de retraso presentando recusaciones".

Los abogados defensores recusaron al juez de la causa, Jorge Guzmán, alegando que habría adelantado criterio en su trabajo de tesis para obtener la licenciatura en jurisprudencia al mencionar la masacre de El Mozote.

De igual forma, se recusó a un magistrado de la Cámara Tercera Sección de Oriente Juan Carlos Flores Espinal, quien fue compañero de tesis de Guzmán.

Ante esta recusación, la Sala de lo Penal debe delegar a un juez suplente para conocer los recursos, pero la defensa de los uniformados también recusó a los magistrados Doris Luz Rivas Galindo y Leonardo Ramírez Murcia.

A raíz de esto, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe resolver estas recusaciones y, si proceden, nombrar a magistrados suplentes.

Morales recordó que acciones similares se dieron con el caso de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles y dos mujeres, cuyo proceso penal fue cerrado tras la orden de la Sala de lo Penal.

El juez Guzmán ordenó la reapertura del proceso de El Mozote en septiembre de 2016 tras la anulación de una ley de amnistía, elevó los cargos que enfrentan más de una docena de mandos militares retirados a crímenes de lesa humanidad y encabezó el intento de inspeccionar archivos del Ejército, acción que los uniformados bloquearon con apoyo del Ejecutivo de Nayib Bukele.

El mandatario nombró recientemente a Alberto Orlando Brizuela, conocido como Rolando Alberto Brizuela Ramos, frente a la Superintendencia del Sistema Financiero.

Este funcionario es uno de los fundadores del batallón que perpetró la masacre de El Mozote, del que pidió la baja en 1981, y fue testigo de descargo en el proceso en agosto de 2019, según confirmaron a Efe abogados de las víctimas.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

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