La pesadilla del caso Ayotzinapa que cada día golpea más a AMLO

Hace cinco años dos meses sucedieron en la ciudad de Iguala, Guerrero, los acontecimientos violentos que culminaron con la desaparición de 43 estudiantes de la normal de maestros de Ayotzinapa. Este crimen no ha sido resuelto y de los 147 detenidos, presuntos responsables, más de la mitad han sido liberados porque la autoridad judicial consideró que se había violentado el debido proceso y las pruebas eran insuficientes para fincarles responsabilidad.

En su inicio los acontecimientos en Iguala fueron atendidos por las autoridades locales del estado de Guerrero, el presidente Peña Nieto indicó que era un asunto que competía a ese nivel de gobierno. No obstante, al paso de los días y ante la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y debido a la presión en medios y redes sociales, el caso fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), con lo que se federalizó el tema que ya en ese momento se levantaba entre la opinión pública con la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Al atraer la PGR la investigación para resolver el crimen aceptó aclararlo, pero también significó que la desaparición de los estudiantes, en la interpretación de sus padres, era “responsabilidad del Estado”, versión que se propagó en México y en otros países del mundo, hasta donde se trasladaron para difundir su reclamo.

Versión que compartió López Obrador cuando buscaba llegar a la presidencia. El pasado fin de semana, el presidente López Obrador, de gira por el estado de Guerrero, dijo en su discurso que su gobierno no ha dejado “de buscar a los jóvenes de Ayotzinapa” porque es su compromiso conocer y dar a conocer toda la verdad sobre su desaparición.

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También expresó que “cuando no se trata de crímenes de Estado, siempre se llega a la verdad si hay voluntad política de la autoridad; cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero…en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario”. (Animal Político, 24 de noviembre de 2019)

En el quinto año de la desaparición de los estudiantes, el pasado septiembre, el presidente López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera, refrendó su compromiso de que habrá justicia en este caso.

En ese evento el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó sobre lo hecho por el gobierno actual en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, como la creación de la comisión presidencial para la verdad y la justicia, la participación en las investigaciones de algunos, extranjeros, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y que serían citados a declarar por la Fiscalía General de la República, Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR y Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, entre otros.

Es un hecho que el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se mantiene todavía en la opacidad. Por mucho tiempo se politizó, al mantener el tema de manera permanente en los medios, generando una imagen negativa para el Estado en general y para el gobierno de Peña Nieto en particular.

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El caso de los 43 estudiantes desaparecidos es tóxico para el gobierno de López Obrador, por eso debe resolverlo y ofrecer una versión sobre los acontecimientos en Iguala que sea creíble. Empezó por ofrecer recompensa y protección a quien entregue información para llegar a la verdad y afirmar que ahora el caso no se trata como un crimen de Estado, y por tanto podría resolverse, con lo que estaría sugiriendo que antes si fue tratado como un crimen de Estado y por ello no se resolvió.

Lo cierto es que en el primer año del gobierno de López Obrador no hay avances sustantivos en el caso Ayotzinapa. Lo que sí ha sucedido y que algunos lo interpretan como un retroceso, es la liberación de muchos de los implicados que estaban detenidos y hoy regresaron a la calle por tecnicismos legales que las autoridades de antes y las que tenemos desde hace un año, no pudieron resolver. El discurso de López Obrador es una especie de válvula que saca presión, que de no solucionar el caso podría convertirse en bomba. Claro que siempre podrá decir que le dejaron un cochinero.