La administración de Trump está persiguiendo silenciosamente los beneficios por discapacidad

Arthur Delaney

Algunos estadounidenses podrían perder los beneficios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social en virtud de una reciente propuesta de la administración Trump, un cambio que podría afectar a miles de personas, pero que ha recibido muy poca atención desde que se lanzó por primera vez en noviembre.

Según la propuesta, el gobierno analizaría con mayor detenimiento si ciertos beneficiarios del seguro por discapacidad aún pueden calificarse como “discapacitados”, después de haberles otorgado esos beneficios. Aunque los beneficiarios ya tienen que demostrar su discapacidad continua cada pocos años, la propuesta en cuestión aumentaría las pruebas, lo que podría excluir del programa a beneficiarios que en realidad son elegibles.

Las revisiones adicionales contribuirán a “administrar de manera más adecuada el programa de discapacidad”, afirmó la administración en su propuesta, argumentando que las reglas actuales no tienen en cuenta del todo la posibilidad de que se produzca una mejoría médica.

Esta propuesta es tan solo un ejemplo de los diferentes movimientos unilaterales que la administración Trump ha realizado contra los programas sociales que permiten que las personas sin ingresos provenientes del mercado laboral puedan sobrevivir. Quizá esas propuestas le ahorren al gobierno unos cuantos dólares, pero también envían un mensaje político muy claro: el presidente Trump está tomando medidas enérgicas contra los “aprovechados”, ese grupo que los republicanos han vilipendiado durante décadas.

Los demócratas y los defensores de los programas de discapacidad dijeron que la nueva regulación propuesta solo perjudicaría a las personas discapacitadas, que no ha sido revisada y que se debería retrasar el proceso de elaboración de las normas. Más de 8 millones de estadounidenses reciben beneficios por discapacidad basándose en empleos anteriores y en la pérdida de ingresos salariales debido al inicio de una discapacidad grave.

“Nos preocupa que, según la regla propuesta, algunas personas sujetas a revisión simplemente no puedan seguir adelante en el proceso y, como resultado, pierdan sus beneficios aunque no exista una mejoría médica real”, afirmó un grupo de demócratas de la Cámara y el Senado liderado por el representante demócrata por Massachusetts Richard Neal en una carta de diciembre.

La administración, por su parte, está defendiendo un argumento débil. Afirma que el aumento de las revisiones médicas para eliminar los beneficios por discapacidad realmente ayudará a las personas. “Creemos que pueden producirse efectos positivos sobre el empleo como resultado de estas propuestas, aunque en la actualidad no podemos cuantificarlos”, indicó la Administración del Seguro Social cuando notificó las reglas propuestas.

“Si no han mejorado lo suficiente como para volver al trabajo y ser autosuficientes, entonces es probable que sean elegibles y puedan aprovechar los beneficios”, dijo en una entrevista Kathleen Romig, analista principal de políticas en el Centro de Presupuestos y Prioridades Políticas, de corte liberal.

La regulación podría afectar a cientos de miles de beneficiarios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social e Ingresos de Seguridad Suplementarios, dijo Romig, lo que podría significar el fin de los beneficios para decenas de miles de personas. La administración no calculó cuántos perderían los beneficios, pero dijo que la propuesta ahorraría 2 mil millones de dólares en una década.

La regla no entraría en vigor hasta después de que la administración publique una versión final, para la cual todavía no existe una fecha. Sin embargo, al igual que ha ocurrido con otras regulaciones que la administración ha emitido sin el visto bueno del Congreso, una demanda podría detenerla.

Los beneficios por discapacidad del Seguro Social no son fáciles de obtener y la mayoría de las solicitudes son denegadas. Cuando se aprueba una solicitud, el gobierno realiza “revisiones continuas de discapacidad” cada cierto tiempo para asegurarse de que el beneficiario todavía no puede trabajar. La frecuencia con que se realizan esas revisiones depende de si la probabilidad de mejoría médica del solicitante se clasifica como esperada, posible o improbable.

El borrador de la regla agregaría una nueva categoría: mejoría médica probable, un término medio entre esperada y posible. Las revisiones se realizarían “aproximadamente cada dos años”, en vez de los 18 meses para las personas con mejoría médica esperada y los 3 años para las personas con una mejoría posible. En general, según la administración, se realizarían 2,6 millones de revisiones más, un aumento del 18 %, lo cual tendría un costo aproximado de 1,8 mil millones de dólares, de manera que se eliminaría casi por completo el ahorro de los 2 mil millones en beneficios.

En el caso de la nueva categoría, la regulación se enfoca específicamente en los trabajadores discapacitados de más edad que no obtuvieron beneficios únicamente por su discapacidad, sino también porque tenían menos habilidades y era poco probable que pudieran tener éxito en un empleo nuevo.

Los conservadores se han quejado de la llamada “red médico-profesional” que la Administración del Seguro Social utiliza para otorgar beneficios a las personas con discapacidades menos graves pero que prácticamente no tienen cabida en el mercado laboral.

Mark Warshawsky, comisionado de Seguridad Social designado por Trump para encargarse de la política de jubilación y discapacidad, argumentó en un documento de 2015 del que es coautor que “las pautas de la red facilitan la concesión de beneficios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social a trabajadores mayores y de mediana edad, no calificados y que no hablan inglés, por lo que deben ser eliminadas y reemplazadas por un sistema más simple, justo y uniforme que permita determinar la elegibilidad”.

Esta semana, la Organización Nacional de Representantes de Reclamantes de la Seguridad Social citó en una carta formal investigaciones que demuestran que la mayoría de las personas cuyos beneficios se terminan no ganan mucho dinero en los cinco años siguientes porque están demasiado discapacitadas. La carta también señaló que la propia administración admitió no poder cuantificar ningún efecto beneficioso en el empleo.

“La regla propuesta se basa en meras conjeturas o deseos para justificar un cambio que la evidencia señala como perjudicial”, escribió la directora de la Organización Nacional de Representantes de Reclamantes de la Seguridad Social, Barbara Silverstone. “Esto no es solo arbitrario y caprichoso, sino insensible y dañino”.

La Administración del Seguro Social no respondió a nuestra solicitud de comentarios. La Casa Blanca también declinó hacer comentarios.

Este artículo fue publicado originalmente en el HuffPost.