España se pone al día con la democracia ilegalizando la Fundación Franco

Un joven cubierto con la bandera de la España franquista hace el saludo fascista durante la protesta celebrada en julio de 2019.
Un joven cubierto con la bandera de la España franquista hace el saludo fascista durante la protesta celebrada en julio de 2019. EFE

Han tenido que pasar más de 40 años para que España deje de abochornarse a sí misma por medio mundo. La Fundación Francisco Franco (FNFF) será ilegalizada por el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos la próxima semana cuando el Consejo de Ministros convalide la Ley de Memoria Democrática con la que "todas las organizaciones que se empeñen en sembrar el odio y defender a dictadura".

Porque detrás de la Francisco Franco irán desfilando la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Yagüe, la Fundación Pro-Infancia Queipo de Llano, la Fundación Blas Piñar, Fundación Serrano Súñer o la Fundación Las Hijas de Millán Astray y Capitán Cortés, entre otras.

De esta manera se pondrá fin a una anomalía como es la de permitir asociaciones que rindan culto a dictadores. Algo que, obviamente, no ocurre en Alemania con Hitler, ni en Italia con Mussolini. Y sitúa España a la altura que le requería el Parlamento Europeo quien en 2018 aprobó una resolución sobre la violencia neofascista en Europa en la que se condenaba el régimen de Franco y su legado instando al entonces Gobierno de Mariano Rajoy a "prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo".

En España se ha normalizado el uso de la bandera preconstitucional haciendo la vista gorda en estadios de fútbol y manifestaciones cuando en Alemania es impensable que alguien salga a la calle con una esvástica que honre al nazismo. Porque está duramente castigado en el Código Penal alemán como parte del proceso de ‘desnazificación’ que emprendió el país teutón tras la Segunda Guerra Mundial para borrar cualquier vestigio borrar de sus instituciones y sociedad.

Además de acabar con la aberración, el Gobierno pretende ahorrarse más de un dolor de cabeza porque, en la práctica, la FNFF viene funcionando como un grupo de presión que pone denuncias, logra batallas judiciales y tiene una importante presencia en redes y medios de comunicación. Y que trabaja de manera indirecta con unos beneficiarios con nombre y apellido. Basta con recordar que la Fundación recibió más de 150.000 euros en subvenciones solo durante los gobiernos de Aznar.

¿Que cómo justificó eso el PP? Pues alegando que era dinero para microfilmar, y conservar, documentos históricos que, aquí llega otra anormalidad, no están en archivos nacionales. Pero paso a paso. Primero ilegalizar la Fundación, después recuperar los archivos históricos que, además, pueden esconder más de un secreto sobre los crímenes del franquismo.

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