Coronavirus. El Gobierno apura la ley de las restricciones

En el inicio de su gira por Europa, el presidente Alberto Fernández se mostró a favor de apurar la sanción de la ley de pandemia
Presidencia

El presidente Alberto Fernández pretende que el proyecto que busca fijar parámetros y medidas sanitarias para administrar la pandemia con la fuerza de una ley se apruebe antes del próximo 21 de mayo, cuando vence el último decreto con la extensión de las restricciones para el área metropolitana.

La iniciativa será enviada este lunes al Congreso, luego de que el Presidente lo dejara firmado antes de partir hacia la gira europea.

“Sería espléndido”, se le escuchó decir a Fernández entre quienes lo acompañan en Portugal, en referencia a la posibilidad de que se convierta en ley antes del 21 de mayo.

El proyecto tiene los mismos indicadores que se fijaron en el último decreto de necesidad y urgencia (DNU), que estableció cuatro categorías según tres factores: aumento de los contagios en los últimos 14 días (razón), cantidad de casos sobre la población (incidencia) y ocupación de las camas de terapia intensiva. Así, dividió al país en cuatro grupos -bajo, medio y alto riesgo y alarma epidemiológica- con distinto nivel de restricciones.

El Gobierno tomó el camino del Congreso, luego de que la Corte Suprema ratificara la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y rechazara la pretensión de la Casa Rosada de suspender las clases presenciales por decreto.

En torno a Alberto Fernández insisten en desestimar el fallo de la Corte, con el argumento de que aludió a un decreto que ya no tenía vigencia. “Los jueces hicieron una autopsia del DNU”, graficaron. Y ratificaron que el último decreto sigue vigente.

A diferencia de los últimos discursos beligerantes, Fernández deslizó en su viaje a Europa que no tiene “problemas con la Corte Suprema”.

Según anticipó LA NACION, la ley estipulará la suspensión de las clases presenciales en caso de que los parámetros indiquen que existe una “alarma” epidemiológica, algo que la Ciudad de Buenos Aires, no solo resiste de plano, sino que considera contrario al fallo de la Corte Suprema que avaló la autonomía porteña en materia educativa.