El último negocio de la pandemia en Madrid con dinero público: casi 600.000 euros y 14 personas

M. J. Arias
·3  min de lectura

La sombra del negocio privado con dinero público durante este año largo de pandemia ha cubierto los cielos de la Comunidad de Madrid en varias ocasiones. Sobre todo con la gestión de la Sanidad y sus recursos y el derivar funciones a la privada o a empresas como el rastreo, por ejemplo. Pero también por decisiones como que Telepizza se encargase de alimentar a los niños. Ahora El País publica la existencia de un nuevo contrato con una empresa privada para gestionar las multas y sanciones que se imponen por saltarse las medidas COVID y que, argumenta la Comunidad, no dan abasto con sus propios medios.

La Comunidad dirigida por Isabel Díaz Ayuso argumenta sobrecarga de trabajo. (Foto: AP Photo/Bernat Armangue)
La Comunidad dirigida por Isabel Díaz Ayuso argumenta sobrecarga de trabajo. (Foto: AP Photo/Bernat Armangue)

En la información publicada por el citado diario se especifica que el total del contrario, validado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso este miércoles, asciende a 582.252 euros y que consiste en la externalización de la tramitación de estas sanciones. En los documentos a los que ha tenido acceso El País y que cita en su reportaje se puede leer que la razón de su existencia es que “el volumen de las denuncias recibidas y los consecuentes expedientes sancionadores suponen una sobrecarga de trabajo”.

Para poder dar el servicio, la empresa encargada (Servicios de Colaboración Integral) cuenta con una oficina de 200 metros cuadrados y 14 personas destinadas la labores de gestión de multas y sanciones. Se tratan de un coordinador, cinco abogados y ocho trabajadores destinados a la parte más administrativa.

Sobre los términos del acuerdo, explica El País que además de los 582.252 euros en las condiciones se añade un fijo de 16 euros más IVA (21%) por expediente e incentivos sobre lo recaudado. 

La justificación para externalizar la gestión de estos trámites relacionados con la pandemia es el alto volumen de sanciones y la cantidad de fuentes, canales y soportes por los que estas se producen. Esto se debe a que pueden ser interpuestas tanto por los ayuntamientos como por los agentes nacionales y locales o los servicios de inspección. La Comunidad de Madrid habla de una “sobrecarga de trabajo sobrevenida” a la que no pueden dar respuesta con los recursos propios de la Consejería de Salud. 

La cifras de la Semana Santa dan una idea de cuál es el volumen, solo en la capital, que se encontrarán quienes deberán hacer cumplir con el contrato firmado con el gobierno de Ayuso el pasado 22 de marzo. Del 26 al 4 de abril la Policía Municipal madrileña propuso para sanción a 4.654 personas por saltarse el toque de queda y 1.980 por no llevar puesta la mascarilla donde la norma la exige. Además, se intervinieron una media de más de un centenar de fiestas ilegales por día.

La Comunidad argumenta en el texto el contrato que las sanciones son “el principal instrumento que permite corregir aquellas conductas individuales que determinan una inobservancia de las medidas adoptadas en aras de proteger la salud pública”. Pero tampoco se puede obviar el componente económico y recaudatorio de las mismas por la fuente de ingresos a las arcas públicas que supone esta vía. Los importes de las mismas, publicaba La Razón, en Madrid van de 600 euros para las más leves a las muy graves de 600.000 euros. 

EN VÍDEO | Sanidad propone la mascarilla en la playa solo para pasear y si no hay distancia