Negocios hispanos del área de Miami cierran en protesta por ley de inmigración de la Florida

Un centro comercial al aire libre de Homestead, en su mayoría negocios familiares hispanos, suele estar abarrotado por las tardes de gente que come en restaurantes, compra medicamentos en una farmacia o transfiere dinero a sus seres queridos en Latinoamérica.

A estos negocios del sur de la Florida se les atribuye el mérito de mantener vivo el comercio minorista en el downtown de Homestead, a medida que cada vez más negocios se congregan en torno a los grandes supermercados a lo largo de la US 1 y más al este.

Pero el jueves por la tarde el Pioneer Mall, en 224 Washington Ave., parecía una ciudad fantasma con casi todos sus restaurantes y tiendas cerrados. Restaurantes mexicanos, taquerías y una panadería también cerraron en la vecina Florida City. Volantes pegados en las puertas y ventanas de los negocios alertaban a los clientes de que cerrarían el 1 de junio en apoyo a la comunidad inmigrante, blanco de la represión migratoria del gobernador Ron DeSantis.

Por la tarde, unas 500 personas marcharon por el downtown de Homestead, ondeando banderas de Guatemala, Nicaragua, México y Estados Unidos y coreando en español: “El pueblo unido jamás será vencido”.

Se registraron escenas similares en todo el Estado del Sol, desde la ciudad agrícola de Immokalee y la ciudad de Fort Myers, en el suroeste de la Florida, azotada por el huracán, hasta Jacksonville y Orlando, en lo que muchos llamaron “un día sin inmigrantes”.

En Homestead, el centro agrícola del sur de la Florida, numerosos trabajadores se declararon en huelga, boicotearon los comercios de la zona y llamaron a sus funcionarios de elección estatales. En Immokalee, uno de los principales centros de cultivo de tomates de Estados Unidos, cientos de personas se manifestaron ondeando banderas mexicanas y estadounidenses mientras coreaban en español “Sí se puede”.

El mes pasado, DeSantis firmó un proyecto de ley que limita la mano de obra migrante indocumentada, pone fin a los programas financiados por la comunidad que otorgan tarjetas de identificación a inmigrantes indocumentados y endurece las penas contra quienes transporten indocumentados al estado.

La ley de la Florida exige que los hospitales hagan un seguimiento e informen de la situación migratoria de los pacientes, que los gobiernos locales nieguen servicios a las personas que no puedan acreditar su ciudadanía o residencia oficial y que todos los empleadores con 25 o más trabajadores verifiquen la situación migratoria de la mayoría de ellos mediante el sistema electrónico federal E-Verify. Aunque la mayoría de las estipulaciones de la ley entrarán en vigor el 1 de julio, las sanciones a los empleadores no lo harán hasta el 1 de julio de 2024.

‘No creo que estemos haciendo algo malo’

Alberto Valle, de 38 años, dijo al Miami Herald que él y otros 14 empleados de una empresa de jardinería no fueron a trabajar el jueves. El padre de cinco hijos y vecino de Homestead tomó la difícil decisión de perder el salario de un día a pesar de que envía dinero a su esposa e hijos en Guatemala para que puedan comprar comestibles, ropa y medicinas. Fue a Pioneer Mall a comer tras enterarse que un restaurante mexicano cercano estaba cerrado, pero solo encontró puertas cerradas.

“Me sorprendió ver tantos negocios cerrados y al mismo tiempo me motivó ver cuánta gente está apoyando esto”, dijo.

Valle dijo que su principal preocupación es perder su empleo de paisajista, el principal ingreso de su familia.

“No creo que estemos haciendo algo malo”, dijo. “Solo buscamos progresar y mantener a nuestras familias”.

La oficina del gobernador responde

Jeremy T. Redfern, secretario de prensa de la oficina del gobernador Desantis, dijo al Herald en un correo electrónico el jueves que la ley “contrarresta los efectos de la inmigración ilegal en la Florida, un problema deliberadamente permitido por la negativa de la administración de Biden a asegurar la frontera sur de nuestra nación”.

“Los medios han sido deliberadamente inexactos sobre esta distinción entre inmigración legal e ilegal para crear este mismo tipo de indignación basada en una premisa falsa”, dijo. “Cualquier negocio que explote esta crisis empleando a extranjeros ilegales en lugar de floridanos tendrá que rendir cuentas”.

Llamadas a funcionarios electos

A pocos minutos de distancia del centro comercial, Elcira Morales, de 28 años, se quedó en casa para llamar a los funcionarios electos del estado para exigirles que deroguen o hagan cambios importantes en la ley de inmigración. La madre de dos hijos acunaba en su regazo a su bebé de cuatro meses y a su hija de 2 años durante las llamadas. En la mesa de su comedor había un folleto preparado por la Farmworker Association of Florida, una organización de base sin fines de lucro con 10,000 miembros, que tenía los nombres de los funcionarios electos a los que iba a llamar y los números de teléfono de sus oficinas.

“Yo voto, y cosas como esta no la mantendrán en el cargo”, dijo Morales a un asistente de la senadora estatal republicana Ana María Rodríguez, que representa a partes de los condados Miami-Dade y Monroe.

“DeSantis está desintegrando familias y creando miedo en nuestras comunidades”, dijo en un mensaje de voz dejado para el representante estatal republicano Juan Carlos Porras.

Nacida y criada en el área de Homestead, Morales, hija de padres inmigrantes guatemaltecos, dijo al Herald que la ley puede afectarla aunque sea ciudadana estadounidense porque, dice, la ley puede alentar a la Policía a detener a los conductores basándose en el color de su piel.

“Si pareces mexicano, ellos [la Policía] van a tener luz verde para pararte”, dijo.

Un ‘sacrificio’ que están dispuestos a hacer

Mainor Morales, de 23 años, un trabajador de la construcción de Homestead, dijo al Herald el jueves por la noche después de la marcha que también está preocupado por ser deportado, potencialmente dejando atrás a su pareja y su bebé de 1 año. Hace aproximadamente un mes, dijo, un hombre le robó su pasaporte y el dinero del alquiler a punta de pistola en la zona de Homestead, y decidió no llamar a la Policía por miedo a ser deportado.

“Me siento triste”, dijo en español. “Me preocupan mi familia y mi hijo”.

Mercedes Díaz, de 38 años, vive en Homestead desde hace 20 años. La madre de tres hijos de cinco, ocho y 12 años, dijo al Herald que ella y unos 15 empleados de la empresa de jardinería de su esposo decidieron declararse en huelga.

El esposo de Díaz, Héctor Gómez, de 38 años y oriundo de Guatemala, dijo que el sacrificio financiero de la huelga valió la pena. A pesar de sus temores, la familia Gómez-Díaz y la mayoría de los manifestantes parecían llenos de energía, firmes en sus convicciones y se les veía sonreír y algunos incluso bailaban.

“Hemos decidido cerrar aunque eso suponga una pérdida considerable”, dijo en español. “Prefiero sacrificarme un poco ahora para marcar la diferencia mañana”.

La jefa de la oficina de Tallahassee del Miami Herald, Mary Ellen Klas, contribuyó a este artículo.