Migrantes confundidos por nuevas políticas de inmigración y situación legal en México

En las semanas transcurridas desde que la administración del presidente Joe Biden puso fin a una medida de salud pública de la época de la pandemia que permitía la rápida expulsión de los migrantes que cruzaban ilegalmente la frontera suroeste, las autoridades mexicanas han respondido con una serie de medidas enérgicas que están suscitando preocupación entre los activistas que defienden a migrantes.

En los últimos días, el gobierno mexicano cerró decenas de albergues para migrantes y comenzó a trasladar a los migrantes en autobús desde la frontera norte a otros estados. Las autoridades también han suspendido los permisos de 45 días que permiten a los migrantes indocumentados viajar por el país sin temor a ser deportados o detenidos.

Las acciones, dijo July Rodríguez, directora de Support for Venezuelan Migrants, se suman a la confusión de los migrantes sobre las nuevas medidas de inmigración de Estados Unidos y su situación legal en México.

Horas después que expiró el llamado Título 42 el 11 de mayo y que entraron en vigor nuevas normas de asilo de inmigración de Estados Unidos, Rodríguez dijo que estaba visitando un albergue en Ciudad de México, donde tiene su sede, y vio una fila de migrantes que subían a un autobús. La mayoría eran haitianos y las autoridades planeaban cerrar el albergue, que solo llevaba abierto unas seis semanas.

“Cuando preguntamos a los funcionarios de Migración qué estaba pasando, nos dijeron que estaban ofreciendo trasladar a la gente a otros albergues, pero eso no era cierto”, dijo Rodríguez.

Otro funcionario de Migración le dijo que los migrantes son llevados a un centro en otro estado para que continuar el proceso de solicitud de la condición de refugiado en México. La nueva norma estadounidense en materia de asilo establece que los inmigrantes que se presenten en la frontera sin cita previa deben demostrar que solicitaron —y se les denegó— protección en un país de la ruta. Si no lo hacen, lo más probable es que sean deportados y se les prohíba la entrada en Estados Unidos durante al menos cinco años.

Rodríguez cree que la mayoría de los migrantes que vio ese día no tenían ni idea de lo que significaba el traslado a otro estado, ni de lo que supone solicitar el status de refugiado en México.

Una vez que los migrantes presentan sus solicitudes a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se les entrega un certificado que les permite solicitar una tarjeta de visitante por razones humanitarias. La tarjeta permite a los migrantes trabajar en México mientras se tramita su solicitud.

“Los haitianos ahora creen que una vez que obtienen la tarjeta de visitante por razones humanitarias pueden continuar su camino hacia la frontera, cuando ese no es el caso”, dijo Rodríguez, refiriéndose al grupo que vio haciendo fila.

Según la legislación mexicana, los migrantes deben permanecer en el estado donde solicitaron el estatuto de refugiado mientras esperan una decisión. Si abandonan la zona, las autoridades considerarán que están en el país ilegalmente.

“Una vez que son detenidos por Migración en la carretera, son llevados a una estación y desde allí se les ordena abandonar el país por la frontera [de México]”, dijo Rodríguez.

Activistas de los derechos de los inmigrantes, la Agencia de la ONU para los Refugiados y otros organismos han criticado las nuevas medidas de inmigración.

Poco después de la medianoche del 12 de mayo, la American Civil Liberties Union (ACLU) y varios grupos de inmigración presentaron una demanda federal contra las nuevas restricciones de asilo de la administración de Biden.

Los miembros de la ACLU, que se unieron a activistas de los derechos de los inmigrantes en una visita a las ciudades fronterizas mexicanas de Reynosa, cerca de McAllen, Texas, y Matamoros, frente a Brownsville, Texas, cuando entró en vigor la nueva norma, dijeron que la nueva regla es “descaradamente ilegal” y acusaron a Estados Unidos de crear una crisis humanitaria y externalizar a otros países la aplicación de las leyes migratorias.

“El gobierno de México es cómplice de la situación humanitaria y de la crisis de derechos humanos que estas políticas están creando en la frontera”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para el continente americano de Amnistía Internacional.

Tras la visita, el grupo emitió un informe mordaz. Entre sus conclusiones: la nueva restricción del asilo infligirá sufrimiento a personas que ya son extremadamente vulnerables, entre ellas mujeres embarazadas y niños. Además, deja varados a los solicitantes de asilo en lugares peligrosos donde son objeto de violencia y secuestros.

“A las puertas de Estados Unidos, las personas que huyen de la violencia y la persecución se enfrentan a peligros y daños mientras esperan ser atendidas en un sistema manipulado y a que el gobierno estadounidense cumpla sus obligaciones con los solicitantes de asilo en virtud de la legislación federal y los tratados internacionales”, declaró Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, quien encabezó la visita de la delegación a la frontera.