Manifestantes piden en Ayuntamiento de Miami que Carollo deje el cargo

Un pequeño grupo de personas desafió el mal tiempo para reunirse frente al Ayuntamiento de Miami el martes por la mañana y exigir la dimisión del comisionado Joe Carollo o —salvo esa poco probable medida— que el gobernador lo obligue a abandonar su cargo.

La reunión de empresarios, activistas y ciudadanos ocurrió tras una gran derrota legal y política para el controversial político. Carollo fue declarado responsable en un tribunal federal la semana pasada de infringir los derechos de la Primera Enmienda de dos de los mayores propietarios comerciales de La Pequeña Habana. Los jurados declararon que el comisionado presionó a los funcionarios encargados de la aplicación del código y a la Policía para que acosaran a William “Bill” Fuller y Martín Pinilla y obligaran a los comercios de algunas de sus propiedades a cerrar o mudarse, concediéndoles la asombrosa cantidad de $63.5 millones por concepto de daños y perjuicios.

Carollo, de 68 años y un personaje fijo en el Ayuntamiento durante muchos años, ya anunció que apelará la decisión mientras sigue como comisionado.

Desde un estrado justo frente del despacho de Carollo, que da a la entrada principal, y bajo un pequeño techo que protegía de la lluvia, dos docenas de hombres y mujeres portaban pancartas en las que pedían la dimisión del comisionado. Varios hablaron también ante una pequeña multitud y a los medios.

Marvin Tapia, presidente de la Junta Asesora de Asuntos Hispanos de Miami-Dade —que formaba parte de la junta de Viernes Culturales de La Pequeña Habana con Fuller antes que Carollo forzara su salida de Domino Plaza— dijo que el comisionado olvidó hace tiempo cómo ser un servidor público.

“Estoy aquí porque todos merecemos algo mejor”, dijo.

También habló el martes Daniel Figueredo, copropietario de Sanguich de Miami. Este era un popular restaurante independiente de sandwiches cubanos en una de las propiedades de Fuller en el corazón de la Calle Ocho, antes que Carollo se obsesionara con cerrarlo por falta de permisos. Desde entonces se ha mudado a unas 10 manzanas de distancia.

“Nos convertimos instantáneamente en un peón político porque él tenía un asunto pendiente con nuestro casero”, dijo Figueredo.

Andy Parrish, activista y urbanizador de Coconut Grove, pidió que la ciudad duplique con creces el tamaño de sus cinco distritos actuales. Y el ciudadano Nathan Kurland pidió que un abogado independiente examine las acciones de la Comisión. La ex senadora estatal de la Florida Annette Taddeo criticó la falta de liderazgo de Miami y recomendó que los comisionados de Miami “dejen de seguir los consejos de una abogada que forma parte del problema”.

La abogada municipal Victoria Méndez ha sido una firme defensora de Carollo, culpando de la batalla legal entre los empresarios y Carollo y del juicio directamente a Fuller y Pinilla. Y, aunque la ciudad de Miami no estaba en juicio, Méndez aceptó pagar los honorarios de los abogados de Carollo, los cuales, según los registros de la ciudad, ascendían a casi $2 millones incluso antes del comienzo del juicio.

El abogado David Winker, argumentando que la derrota judicial civil de Carollo debería equivaler a cargos penales, leyó una carta enviada al gobernador DeSantis por Ernesto Cuesta, director administrativo de la Brickell Homeowner’s Association. En ella, Cuesta argumenta que Carollo había quebrantado la integridad y la responsabilidad que exige su cargo.

“Dada la evidencia probada debería ser destituido de su cargo. Esta acción serviría como demostración de su compromiso con la defensa de los principios de transparencia, responsabilidad y confianza pública”, dijo Cuesta a DeSantis.

Convencer al gobernador de que destituya a Carollo será una tarea difícil. A diferencia del alcalde de North Miami Beach, Anthony DeFillipo, a quien el gobernador Ron DeSantis suspendió de su cargo el lunes después de ser acusado de tres cargos de fraude electoral, Carollo no ha sido acusado de un delito en un tribunal penal.

El gobernador también ha destituido a otros, como el ex jefe de la Policía de Broward Scott Israel, tras las críticas recibidas por la respuesta de las fuerzas del orden a la masacre de la preparatoria Marjory Stoneman Douglas en 2018, y el fiscal estatal del Condado Hillsborough Andrew Warren en 2022, por supuestamente negarse a procesar ciertas leyes estatales. DeSantis se refirió a Warren, un popular demócrata, como “progresista”.