‘La gente está asustada’. Reglas sobre libros en Florida causan efecto disuasorio en escuelas de Miami-Dade

La iPrep Academy en el downtown de Miami se creó para cerrar la brecha digital y cultural y garantizar que todos los niños tuvieran acceso a la tecnología.

Fundada por el entonces superintendente Alberto Carvalho, algo que la distinguía era la ausencia de una biblioteca física; todo era digital. Y el modelo funcionó.

No fue hasta el inicio de este curso escolar cuando un grupo de padres acordó que sería bueno para los alumnos, especialmente los más pequeños, disponer de un espacio donde reunirse y leer libros lejos de la pantalla. Para octubre, un grupo de padres, entre los que estaba Elizabeth Casal, había construido estanterías para el nuevo centro multimedia de la escuela.

Lo llamaron Starbooks.

En aquel momento, Casal tenía entendido que se expondrían unos 500 libros y, lo que es más importante, que ya se habían encargado. Pero a medida que termina la última semana del año escolar 2022-23, los estantes de Starbooks permanecen vacíos, dijo.

Funcionarios del distrito dijeron que los libros estaban en la escuela, solo que aún no estaban disponibles porque el especialista en medios y el personal de iPrep necesitan asegurar que los libros van con el grado apropiado —elemental, medio o alto— antes de colocar los libros en los estantes. Además, el especialista en medios acaba de recibir la certificación completa. Los funcionarios aseguraron que el retraso no era otro ejemplo de restricciones o regulaciones de libros derivadas de las nuevas leyes estatales.

Para Casal, sin embargo, las estanterías vacías parecen ser precisamente eso.

“Lo que he visto en nuestra escuela es que hay un esfuerzo para tener estos libros y para levantar diversas voces y tener personas diversas en las aulas. He visto ese esfuerzo”, declaró al Herald. “Pero también veo esta fuerza del estado que está dificultando a todos los que intentan conseguir estas cosas”.

La apertura de Starbooks está prevista para el curso 2023-24.

El aparente malentendido —y el retraso en asegurar que los libros estuvieran disponibles— entre los padres y el distrito apunta a la confusión sobre las restricciones de los libros en la Florida. También subraya cómo, en algunos casos, las nuevas leyes están causando un efecto disuasorio y permiten lo que algunos dicen que son decisiones entre bastidores que se toman sobre los libros.

Leyes de ‘largo alcance’

Brooke Sussman, madre de dos hijos en el distrito, entre ellos uno en iPrep, se sintió confundida cuando recibió un formulario de consentimiento para la Feria del Libro Scholastic el mes pasado.

El formulario de consentimiento para asistir a la biblioteca emergente de la escuela incluía una estipulación para eximir de responsabilidad al distrito en caso que su hijo volviera a casa con un libro que los padres no aprobaran.

“Mi primer pensamiento fue de decepción. No por mi hijo, sino por esta comunidad”, dijo Sussman. Para muchas familias, ya existe una barrera financiera para participar, dijo. “Con la adición de una hoja de permiso, creo que algunas familias la pasarán por alto y otras pensarán que quizá haya algo que deba preocuparlas y optarán por no firmarla”.

Entiende el miedo que sienten muchos educadores ante las nuevas leyes y los debates sobre lo que es apropiado para la edad. Pero el permiso, dijo, “ilumina hasta qué punto han llegado estos movimientos para restringir libros”.

El personal del distrito no respondió a la pregunta de por qué se exigían los formularios al final del semestre. Las ferias anteriores ya se habían celebrado este año escolar sin requerir el consentimiento de los padres para la participación, dijeron los padres. Sin embargo, los formularios se distribuyeron porque la lista de libros enviada a cada escuela no siempre está disponible antes de la feria, dijo el personal.

No obstante, el formulario de consentimiento “fue una manera de traer la retórica política [a la escuela] y hacerla real por primera vez”, dijo Casal.

Los maestros también enfrentan nuevos protocolos para determinar lo que se puede o no se puede usar en sus aulas, una medida que, según algunos, es el resultado de decisiones mal informadas tomadas por los legisladores.

Ramón Veunes, un maestro en el Dr. Rolando Espinosa K-8 Center en Doral, dijo que después que las nuevas leyes entraron en vigor, se le dijo que cualquier libro fuera del plan de estudios del distrito requeriría un proceso de aprobación más tedioso, sin importar si un maestro ya lo tenía en clase, como un libro de vocabulario que ha usado durante años y que dijo se relacionaba con las normas estatales.

“Somos profesionales y somos los más calificados para determinar qué enseñar a nuestros alumnos”, dijo. Cuando se aprueban estas leyes, a menudo no se solicita la opinión profesional de los maestros, dijo, y en algunos casos, esto puede “permitir que un solo padre afecte a lo que toda una escuela aprende o deja de aprender”.

Veunes dijo que acatará la ley, pero argumentó que es “engorrosa y dificulta nuestro trabajo, [y] es errónea”.

En la primaria George Washington Carver de Coral Gables se notificó recientemente a los maestros que tendrían que catalogar los libros que usan en el aula para luego hacerlas públicas en el portal digital de la escuela. El correo electrónico obtenido por el Herald dice que la medida es el resultado de una ley aprobada el año pasado —la HB 1467— que requiere más transparencia para el público en la selección de materiales de instrucción, incluyendo la biblioteca y materiales de lectura. (Los sindicatos de maestros de la Florida y otros grupos demandaron al Departamento de Educación del estado, argumentando que los funcionarios se extralimitaron en la intención de la nueva ley al incluir los libros que ya están en las aulas).

El correo electrónico decía que el esfuerzo era un “momento fantástico” para revisar las bibliotecas de las aulas y “eliminar o quitar cualquier libro dañado o viejo, así como hacer una auditoría para comprobar si es apropiado para la edad”.

El distrito no respondió a las preguntas sobre si los maestros recibieron una autorización o una definición para determinar qué se consideraba apropiado para la edad.

Karla Hernández-Mats, presidenta del sindicato United Teachers of Dade, dijo al Herald que había dado instrucciones a sus miembros de que no accedieran a la petición. El proceso, dijo, pone de relieve lo que ella argumenta es una agresión a la educación pública y subraya la confusión que muchos maestros enfrentan en medio de leyes vagamente escritas.

Si un maestro no está seguro de si un libro es aceptable, muchos pueden optar por retirarlo de sus estanterías para evitar problemas más adelante, dijo.

“Este es el estado de la educación”, declaró a finales del mes pasado al Herald Marvin Dunn, historiador y profesor emérito de la Universidad Internacional de Florida. “La gente está asustada. No está segura y es demasiado cautelosa” sobre los materiales que usa, lo que tiene un efecto desalentador sobre lo que se enseña, dijo.

La queja de un padre

El acto de retirar un libro de las estanterías de la escuela —y la indignación por cómo se hizo— no es nuevo para las escuelas públicas de Miami-Dade.

En 2006, el padre de una alumna de 10 años de la primaria Marjory Stoneman Douglas se quejó que un libro que su hija había llevado a casa mostraba una imagen inexacta de la vida en Cuba. La Junta Escolar votó a favor de retirar el libro, “Vamos a Cuba”, de las estanterías de la escuela, a pesar que dos comités consultivos académicos sugirieron en su momento dejarlo. La ACLU presentó una demanda alegando que la decisión de la Junta infringía la Constitución, según un artículo del Herald de 2009.

El asunto llegó a la Corte Suprema, pero se le negó una audiencia. El libro permaneció fuera de las estanterías, tras la sentencia de un Tribunal de Apelaciones del 11no Circuito en Atlanta que afirmó que la Junta Escolar no había infringido la Primera Enmienda y respaldó su autoridad para establecer normas educativas en Miami-Dade.

Casi 20 años después, el distrito vuelve a estar en la mira después que un solo padre se quejara de cinco títulos.

Daily Salinas, madre de dos hijos en el Bob Graham Education Center, una escuela de preescolar a octavo grado en Miami Lakes, reclamó que los libros incluían lo que ella dijo eran referencias a la teoría crítica de la raza, “mensajes indirectos de odio”, ideología de género y adoctrinamiento. Cuatro de ellos, incluido el poema de Amanda Gorman, “The Hill We Climb”, que recitó en la toma de posesión del presidente Joe Biden, fueron trasladados a las estanterías de la escuela intermedia.

Salinas ha negado cualquier afiliación con Moms for Liberty, una autoproclamada organización de derechos de los padres que recientemente fue etiquetada como grupo extremista por el Southern Poverty Law Center, a pesar de aparecer en múltiples fotos con el liderazgo de la sección local. Según un análisis del Washington Post, este grupo está detrás de muchas campañas de retirada de libros en todo el país. Una representante del capítulo nacional dijo que Salinas no estaba afiliada al grupo, pero no respondió a una pregunta sobre la relación percibida entre ella y el liderazgo local.

El distrito ha mantenido que los títulos no fueron prohibidos, sino simplemente trasladados. Activistas de la lectura y la educación, sin embargo, dicen que sigue siendo una restricción para los estudiantes más jóvenes. (Dunn y Hernández-Mats, junto con otros destacados educadores de Miami y organizaciones literarias y de derechos civiles, intervinieron el martes en una entrega y celebración de libros para rebatir la decisión tomada en Bob Graham).

Para Stephen Hunter Johnson, padre del distrito, abogado de Miami y miembro de la Junta Asesora de Asuntos Negros de Miami-Dade, la facilidad con la que la impugnación de un padre puede dar lugar a un menor acceso para todos los estudiantes es “increíblemente preocupante y alarmante”.

“Lo que se hizo aquí fue una parodia”, dijo al Herald después que se hicieran públicas las restricciones. “El distrito escolar está totalmente equivocado en esto, por permitir este proceso de revisión ad hoc [y] hacer estas cosas al amparo de la oscuridad”.

En una conferencia de prensa el miércoles, el superintendente José Dotres defendió las acciones del comité, diciendo que “siguió los procedimientos adecuados”, pero agregó que “siempre hay margen para mejorar”. Quizás los funcionarios deberían concientizar más sobre las políticas en vigor, dijo.

No obstante, Johnson argumentó que si un padre tiene derecho a quejarse, otros padres deberían tener derecho a responder. El propósito y el efecto de leyes como esta es censurar lo que de otro modo sería una expresión normal, dijo; es más fácil idear estas soluciones absurdas que oponerse a ellas.

Stephana Ferrell, directora de Investigación del Florida Freedom to Read Project, concordó. La organización, que obtuvo los registros de la decisión de Bob Graham y los compartió con el Herald, aboga por una mayor transparencia en torno al proceso de revisión inicial a nivel escolar.

En muchos distritos, incluidas las escuelas de Miami-Dade, un comité de revisión a nivel escolar es el primer y a veces único paso para determinar si un libro debe permanecer en los estantes; las políticas no exigen que las quejas se hagan públicas. Como resultado, esas discusiones a nivel escolar a menudo se mantienen en silencio y la mayoría de las discusiones pasan “bajo el radar” a menos que se apele una decisión, dijo Ferrell.

“No queremos que desaparezca el paso a nivel escolar”, dijo. Más bien, lo que organizaciones como la suya defienden “es que todos los padres sepan cuándo se cuestiona un libro”.