Envejecer en las sombras: Una crisis de ancianos indocumentados aguarda a Illinois

Nota del editor: Chicago Tribune e Injustice Watch se unieron para informar sobre los desafíos que enfrenta la población indocumentada que envejece en Illinois en una serie de historias centradas en el acceso a la atención médica y la vivienda.

En un frío apartamento en un sótano en el suroeste, Gregorio Pillado y Martina Alonso cuentan centavos y oran por alivio.

Pillado, de 79 años, ha estado trabajando en una planta empacadora de carne cercana durante 20 años, levantando miles de libras de carnes congeladas en grandes tanques, ocho horas al día, cinco días a la semana. Sus $16 por hora antes de impuestos son la única fuente de ingresos de la pareja casada. Con él, logran pagar sus alimentos, medicinas, servicios públicos y su alquiler mensual de $800, pero no mucho más.

Alonso, de 69 años, solía ganar dinero atendiendo fiestas pequeñas y vendiendo bolsas de nopales picados, pero tuvo que dejar de hacerlo después de caer y lastimarse una muñeca hace meses.

La salud de Pillado se deterioró dramáticamente en los últimos años. Primero tuvo que implantarse un marcapasos. Luego lo operaron para extirparle una hernia. Ahora tiene otra hernia, pero no sabe si podrá extirparla. Sus problemas de salud lo hacen incapaz de manejar sus antiguas cargas de trabajo y le preocupa si lo despedirán o cuándo.

“Ya no tengo la misma fuerza y energía que antes”, dijo Pillado. “Se me quita el sueño cuando me pongo a pensar en qué pasaría si Gregorio perdiera su trabajo”. Alonso dijo que pierde el sueño pensando en lo que sucedería si su esposo de 50 años perdiera su trabajo.

Pillado y Alonso no tienen ahorros, ni plan de jubilación ni autorización para vivir en EEUU.

Pero no están solos. Hay al menos 3,900 indocumentados mayores de 65 años que viven en Illinois. Pero para 2030, el número de ancianos indocumentados en el estado llegará a 55,000 —un incremento de 1,300% en tan sólo una década, según el reporte publicado el año pasado por el Centro Médico de la Universidad Rush.

La mayoría de los indocumentados llegaron al país hace décadas y han vivido aquí sin un camino viable hacia la ciudadanía. Los inmigrantes mexicanos constituyen dos tercios de las poblaciones de ancianos indocumentados en Illinois, seguidos por inmigrantes de Europa del Este, Asia Oriental y Sudoriental y América Central.

Ahora, esta generación de inmigrantes enfrenta la perspectiva de haber vivido y muerto en las sombras. A los indocumentados se les impide acceder a los programas sociales de los que dependen muchas personas mayores, como cupones de alimentos, vivienda pública, Medicare y Seguro Social, programas en los que pagan miles de millones de dólares cada año. Sus familias y comunidades tejen un mosaico de recursos formales e informales para compensar la diferencia.

“El costo social para las familias de estos adultos mayores que no tienen acceso a los servicios que necesitan desesperadamente es enorme”, dijo Padraic Stanley, coordinador de programas y trabajador social de Rush y uno de los autores principales del informe.

Sin una red de seguridad social, muchos ancianos indocumentados se ven obligados a trabajar hasta el cansancio, dijo Adela Carlin, abogada de ayuda pública que ha ayudado a docenas de inmigrantes en el área de Chicago a acceder a fondos de caridad. “Cuando eres indocumentado, no existe la edad de jubilación”, dijo. “Trabajas hasta que no puedes más”.

‘No había futuro para nosotros’

La historia de Pillado y Alonso refleja la de muchos otros ancianos indocumentados en Illinois. La pareja emigró a Chicago con su hija menor, Rocío, entonces una adolescente, en 2000. Llegaron al final de una ola migratoria masiva de mexicanos al estado que duró tres décadas y que ha estado en fuerte declive desde 2008. La mayor de sus hijas ya había venido a Chicago unos años antes, y su único hijo se quedó en México para criar a su propia familia.

Inmigrar de México a Estados Unidos sin infringir la ley era imposible para la familia. Sin un familiar que sea ciudadano, un empleador que patrocine su solicitud de residencia o un temor creíble de persecución en México que los calificaría para el asilo, no había vía legal para que Pillado, Alonso y Rocío se mudaran a EEUU. Lo mismo ocurre para inmigrantes sin un patrocinador o caso de asilo de China, Pakistán, Nigeria o cualquier otro país que haya tenido 50,000 o más residentes que inmigraron a EEUU en los últimos cinco años.

“Queríamos una casa bien bonita”, dijo Alonso. Querían construir una pequeña casa en su ciudad natal, una perspectiva sombría si se hubieran quedado en México.

Antes de emigrar, Pillado, que nunca recibió una educación formal, vendía churros en la calle mientras Alonso trabajaba intermitentemente en almacenes y fábricas. “No había futuro allí para nosotros”, dijo Alonso.

La familia contrató coyotes para que los ayudaran a cruzar la frontera ilegalmente. Pillado llegó primero, con la esperanza de conseguir un trabajo, pero los oficiales de inmigración lo aprehendieron y lo detuvieron rápidamente. Cuando no habían tenido noticias de Pillado durante meses, Alonso y Rocío se dirigieron a la frontera, con la esperanza de volver a conectarse con él del otro lado. Pero los funcionarios de inmigración habían deportado a Pillado de regreso a México. Cuando se enteró de que su familia se había ido a EEUU, volvió a cruzar la frontera lo más rápido que pudo. No fue atrapado la segunda vez. “Regresé por mi familia”, dijo.

Según la ley de inmigración actual, es casi imposible que la familia legalice su estatus, especialmente para Pillado, cuya deportación previa lo coloca en la vía rápida para su expulsión inmediata del país si los funcionarios de inmigración lo detienen. E incluso si Alonso y Rocío lograran obtener un patrocinador de tarjeta verde, tendrían que salir de EEUU durante al menos tres años y hasta 10 antes de que se les permita regresar legalmente —eso suponiendo que la solicitud se tramite, lo que en sí mismo lleva años para procesar y, a menudo, termina costando miles de dólares en honorarios de solicitud y abogados.

Estos obstáculos tienen sus raíces en una ley de 1996 firmada por el entonces presidente Bill Clinton. En esencia, la ley, conocida como Ley de Responsabilidad de Inmigración y Reforma de la Inmigración Ilegal, dificultó que las personas inmigraran legalmente a EEUU y facilitó la deportación al gobierno federal. Muchos estudiosos de la inmigración están de acuerdo en que estas restricciones incentivaron a los indocumentados a refugiarse en EEUU, congelándolos a riesgo de ser expulsados del país.

Entonces, en Chicago, eso es lo que hicieron Pillado, Alonso y Rocío.

¿Y el plan B? ‘Vender nopales’

Pillado no tardó mucho en conseguir un trabajo en la planta empacadora de carne; y Alonso y Rocío encontraron trabajo a través de agencias temporales. Mantuvieron los gastos bajos viviendo juntos en un pequeño apartamento en el vecindario Back of the Yards. El edificio de dos unidades en el que vivían era propiedad de un familiar lejano que vivía arriba. La idea era pagar la hipoteca juntos y sacar algo de capital, para que pudieran regresar a México para jubilarse.

Los tres vivieron en el apartamento durante unos siete años, pero la casa se vino abajo durante la Gran Recesión, lo que obligó a la familia a gastar gran parte de sus ahorros en mudarse y encontrar un nuevo lugar para vivir. Luego, en 2016, una tragedia aún mayor golpeó a la familia: el hijo de la pareja en México falleció repentinamente a los 35 años, dejando atrás a su esposa y tres hijos.

“Nunca lo volví a ver, es el dolor más grande que tengo”, dijo Alonso. La pareja ahora envía dinero a sus nietos en México cada vez que puede, otra razón por la que siguen trabajando hasta la vejez. “Para la escuela o lo que necesiten”, dijo.

En los cinco años transcurridos desde la muerte de su hijo, el sueño de Pillado y Alonso de volver a su tierra natal se ha desvanecido. Sin su hijo para cuidarlos en México, la pareja ahora depende exclusivamente de sus hijas en sus últimos años. Su hija mayor ahora tiene dos hijos propios, lo que significa que la mayoría de los deberes de cuidado recaen en Rocío, de 36 años, quien también es indocumentada.

Con muchos servicios sociales eliminados para los ancianos indocumentadas, los miembros de la familia y las organizaciones comunitarias se ven obligados a llenar los vacíos que deja el estado. Eso agrava las desigualdades históricas de ingresos y salud entre los indocumentados y los ciudadanos, dijo Carlin. “Siempre ha habido una brecha de riqueza generacional y racial, por lo que estos trabajadores comenzaron detrás de todos los demás”, dijo. “Y no pueden ponerse al día a los 65 o 70 años”.

Y la investigación muestra que a medida que los indocumentados envejecen, comienzan a depender más de sus hijos para las necesidades básicas como la alimentación y la vivienda, lo que supone una carga para la próxima generación. Rob Paral, un demógrafo de Chicago y experto en las tendencias de la población inmigrante del estado cuya investigación se utilizó en el informe de Rush, estima que el 70 % de los indocumentados de 55 años o más en Illinois viven en hogares multigeneracionales, en comparación con el 28% de los ancianos nativos.

Rocío vivió con sus padres hasta bien entrados los 30, y se mudó con ellos del apartamento de dos pisos en Back of the Yards a su pequeño apartamento en el sótano en West Lawn. Pospuso sus propios sueños de comprar una casa para seguir cuidándolos.

Cuando finalmente se mudó a su propio apartamento con su pareja de mucho tiempo en noviembre, alquilaron un lugar a poca distancia en automóvil de la unidad del sótano de sus padres. “Sentí que necesitaba comenzar a construir mi propia vida. Sé que me necesitan, pero también necesitaba empezar a hacer las cosas por mi cuenta”, dijo.

Pero Rocío sigue siendo la principal cuidadora de sus padres. Ella les trae comestibles, les ayuda a pagar sus cuentas y se toma días libres para llevarlos a sus citas médicas. Esos viajes, que se hicieron más frecuentes en los últimos años, eventualmente le costaron un trabajo en un almacén.

Rocío no tardó mucho en encontrar un nuevo trabajo. Pero rápidamente se dio cuenta de que en algún momento sus padres ya no podrán trabajar, y que ella es su único salvavidas.

Al igual que sus padres, Rocío sueña con tener una casa, lo suficientemente grande para ella y sus padres. Pero no está segura de cuánto tiempo le llevará materializar su sueño; gana menos de $20 por hora y no puede ahorrar mucho al final del mes. Rocío espera que el Congreso les brinde a ella y a sus padres un camino viable hacia la ciudadanía. Pero incluso entonces, pone a sus padres por delante de ella. “Si me dieran a elegir la ciudadanía para ellos o para mi”, dijo, “yo diría ellos”.

Por ahora, el plan de la familia es que Pillado siga trabajando y que Alonso vuelva a cocinar, si se recupera. Y si Pillado pierde su trabajo, “pues a hacer lucha con los nopales”, dijo Alonso con una sonrisa a medias.

larodriguez@chicagotribune.com

carlosballesteros@injusticewatch.org

• Este texto fue traducido por Octavio López/TCA