Economía entregó a organismos empresariales 650 mdp; no se sabe a dónde fue el dinero

La Secretaría de Economía (SE) entregó el sexenio pasado más de 650 millones de pesos a confederaciones empresariales, supuestamente para apoyar a emprendedores y pymes, pero no se sabe dónde quedó ese dinero.

Los recursos se adjudicaron a través de 249 convenios firmados con dichos organismos, en los que no hubo licitaciones y se le entregaron a organismos como Concamin, Canaco y Canacintra. Solo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) hay cinco convenios –de los que Animal Político tiene copia–, que se firmaron a unas semanas de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El dinero se pagó y en 2019 se entregaron los informes para justificar la inversión. Sin embargo, de la revisión de dichos documentos entregados por Concamin la actual administración de la Secretaría de Economía no ha encontrado pruebas de que el dinero realmente se haya usado en lo que se reportó.

Una investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR) advierte que se usaron presuntas empresas fantasma para simular la realización de los servicios pagados con el Fondo Nacional del Emprendedor.

La Concamin confirmó a este medio que en su carácter de “organismo intermedio” recibió a finales de 2018 más de 70 millones de pesos como resultado de solicitudes y convenios que fueron firmados por un director general que ya no labora en el organismo, y sin el conocimiento de su actual presidente.

No obstante, a diferencia de lo planteado por la Secretaría de Economía, sus actuales dirigentes afirmaron que los servicios pactados se cumplieron conforme a las reglas de operación del fondo y se remitieron los entregables que lo prueban, aunque hasta la fecha no hayan recibido la respuesta oficial de la autoridad que valide que los recursos se aplicaron correctamente.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó más de 40 distintos tipos de irregularidades en la forma en como se entregaron, supervisaron, ejercieron y se intentaron comprobar los recursos para emprendedores asignados a intermediarios como Canaco o Canacintra entre 2015 y 2018, ocasionando con ello un fraude millonario al erario. Una situación propiciada por la negligencia de servidores públicos que estaban a cargo.

Estas irregularidades ocurrieron en el periodo en que la Secretaría de Economía fue encabezada por Ildefonso Guajardo, quien actualmente se encuentra bajo investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. El dinero fue canalizado a través de uno de sus órganos desconcentrados, denominado Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el cual fue extinto al arranque del actual sexenio por sospechas de gastos excesivos y posible corrupción.

“En términos generales, el Instituto Nacional del Emprendedor no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Se identificaron deficiencias de control en las actividades que desarrolló el INADEM para realizar el seguimiento de la comprobación del ejercicio y aplicación de los recursos de los proyectos que previamente fueron autorizados”, concluye la ASF.

El mecanismo: dinero a intermediarios

Con la finalidad de impulsar a los emprendedores y fortalecer el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), en 2013 el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto creó el denominado Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Economía.

La función principal del INADEM era supervisar y vigilar la correcta operación del Fondo Nacional del Emprendedor a través del cual se buscaba financiar proyectos que apoyaran a personas y mipymes en temas como acceso al mercado y a cadenas de proveeduría y producción.

Pero en las reglas de operación de dicho fondo se estableció que los recursos no se asignarían directamente a los beneficiarios, sino que se canalizarían a través de “órganos intermedios” (entre ellos organismos empresariales) los cuales postularían proyectos que de cumplir con la normativa aplicable ameritarían la asignación directa de los recursos, sin necesidad de una licitación u otro concurso público.

De acuerdo con las auditorías de la ASF, estas reglas presentaban múltiples irregularidades. Por ejemplo: no se establecía la documentación mínima para acreditar el desarrollo de los proyectos aprobados y su correcta aplicación; no había un tabulador diseñado para la asignación de recursos de manera directa; ni había mecanismos adecuados para evitar duplicidad en los apoyos mas allá de una carta compromiso.

Los auditores también identificaron fallas en la plataforma electrónica diseñada para operar estos recursos, situación grave pues se trataba de la única vía para un correcto seguimiento de los proyectos. Ello sumado a diversas irregularidades mas en la estructura del propio INADEM.

En diciembre de 2018, apenas al asumir su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondría la extinción del INADEM bajo el argumento de que era mejor entregar de manera directa los apoyos a beneficiarios y evitar “intermediarios” que favorecían la burocracia y la corrupción.

En junio de 2019 y en una votación dividida el Senado avaló la desaparición del Instituto. El senador Rubén Rocha de Morena acusó que los gastos del INADEM sin comprobar rebasaban los 11 mil millones de pesos en ese momento.

Fantasmas y supuesta simulación

En los últimos meses del gobierno de Peña Nieto el INADEM autorizó varios proyectos con cargo al Fondo Nacional del Emprendedor a cambio de recursos que se siguieron entregando incluso a unos días de concluir el sexenio.

Entre ellos proyectos estaban cinco solicitados por Concamin y autorizados en los convenios números: CFNE-016/2018; CFNE-017/2018; CFNE-018/2018; CFNE-013/2018 y CFNE-035/2018. El objetivo era impulsar programas y acciones que promovieran la inversión, incorporación a cadenas de producción y oportunidades de emprendimiento en favor de 362 mypimes y 90 emprendedores de distintos ramos.

Las solicitudes para acceder a estos recursos fueron presentadas por Luis Hernando Cervera Mondragón en su calidad de Director General de Concamin. Los oficios prueban que no se notificó ni mandó copia de ello al presidente de dicha confederación (y jefe de Cervera), Francisco Cervantes. Se trata de una situación que de acuerdo con el organismo no es ilegal, pero sí resulta inusual.

Entre febrero y noviembre de 2019, la Concamin entregó a la Secretaría de Economía los informes para acreditar que los servicios se realizaron, sin embargo, hasta la fecha, la SE no ha validado que los recursos se aplicaron correctamente.

Dicha dependencia federal informó a Animal Político que la denominada Unidad de Desarrollo Productivo aún no cierra el procedimiento de seguimiento y comprobación de los recursos que fueron entregados y adelantó que emprenderá acciones legales en caso de que se confirmen irregularidades.

Sobre estos mismos convenios, la FGR inició una carpeta de investigación tras recibir denuncia promovida por un particular en la que se advierte que los servicios en realidad no se llevaron a cabo como estaban pactados, y que incluso se habrían utilizado presuntas empresas fachada o que no sabían que fueron beneficiadas en la ejecución de los mismos.

“Hubo simulación de actos, toda vez que las empresas que supuestamente recibieron los recursos no existen, simulando la entrega de recursos a empresas fantasma o bien tomaron datos de empresas legalmente constituidas (…) para justificar la aplicación de los recursos, y otras tantas fueron constituidas con el fin de ser utilizadas para justificar la transferencia de recursos a empresas por servicios que supuestamente ejecutaron”, indica la denuncia asentada en la carpeta de investigación.

Las irregularidades reportadas ante la FGR, y que ahora son objeto de investigación, varían dependiendo del convenio. En algunas se reporta que el dinero fue triangulado para regresar a otras cuentas de Concamin, mientras que en otro se advierte el uso de presuntas compañías fantasma para simular ser beneficiarias o para facturar pagos por servicios simulados.

Cuestionada sobre estas irregularidades denunciadas ante la FGR, la actual administración de la Secretaría de Economía reiteró a Animal Político que ellos no han avalado que se hayan cumplido correctamente los servicios, pues aún no concluye el proceso de comprobación de dicho gasto.

“La Unidad de Desarrollo Productivo se encuentra en la disposición de colaborar con las autoridades de procuración de justicia a efecto de aportar la información y/o documentación que se solicite tendiente al esclarecimiento de los hechos denunciados”, dijo la dependencia.

Cabe señalar que el Director General de Control y Procedimientos de la referida Unidad de Desarrollo Productivo (responsable de la evaluación de los convenios mencionados) es Karlo Magno de Jesús Gómez Gasca, el mismo funcionario que los autorizó cuando se encontraba en el INADEM, en el puesto de Director General de Asuntos Jurídicos.

La Secretaría de Economía confirmó que existen otras observaciones por presuntos malos manejos del Fondo Nacional del Emprendedor como se detallará más adelante.

Proyectos sí se realizaron: Concamin

La Concamin confirmó que hasta la fecha no han recibido de la autoridad federal el documento oficial de aceptación de que los recursos que recibieron se aplicaron correctamente. Sin embargo, el organismo negó que hayan existido irregularidades y subrayaron que los proyectos se cumplieron.

“Los expedientes fueron debidamente integrados y entregados a la autoridad en tiempo y forma, sin retrasos y siguiendo siempre los lineamientos que en su momento marcó la propia autoridad. Hasta la fecha no hemos sido notificados de que exista alguna irregularidad y si ocurre podemos aclarar lo que se solicite”, dijo a este medio el organismo.

En una reunión realizada en sus instalaciones, funcionarios de Concamin explicaron que los convenios se signaron siguiendo las reglas de operación marcadas por el propio INADEM y que la confederación actuó como “órgano intermedio”, según lo establecido. En varios de los proyectos los recursos fueron transferidos posteriormente a cámaras empresariales que fueron los responsables de ejecutarlos.

La Concamin destacó que cada uno de los proyectos fue analizado y autorizado por el propio INADEM dependiente de Economía. Solo después de cumplir ese requisito es que se transfirieron los recursos. Como ya se dijo arriba, este medio verificó que dicho aval fue otorgado por el que fuera director Jurídico de dicho instituto, Karlo Magno de Jesús Gomez Gasca.

La confederación mostró a Animal Político ejemplos del tipo de entregables que se enviaron a las autoridades por cada uno de los proyectos. No obstante, indicaron que no se podían proporcionar copias de estos informes ni las razones sociales de las empresas beneficiadas debido a cláusulas de confidencialidad.

Entre esos documentos exhibidos se encuentran presentaciones de Power Point con fotografías de cursos de capacitación o eventos, listas de asistencia a los mismos, videos de personas que señalan haber sido beneficiados con algún equipo, informes de actividades, facturas de servicios llevados a cabo, etc.

Cuestionados sobe la posibilidad de que dichos entregables fueran fabricados para simular los servicios como se señala en la denuncia promovida ante la FGR o como se ha documentado en otros casos como los desvíos en Chiapas o en el caso de La Estafa Maestra, en la Concamin desestimaron esto debido al prestigio de las cámaras involucradas y a visitas de supervisión realizadas por las autoridades.

Omisiones, negligencia y corrupción

De acuerdo con la ASF, además de los casos ya referidos de la Concamin, existen otros 244 convenios firmados con organismos intermedios como la Concanaco, Canacintra, Coparmex y secretarías del ramo locales, por un monto que asciende a los 631 millones de pesos que hasta la fecha no se han podido solventar ni comprobar.

Las irregularidades en todos los casos son similares: van desde la falta de expedientes para acreditar la aplicación de dinero hasta la existencia de entregables que presentan anomalías que no permiten considerarlos suficientes para acreditar que los servicios se pactaron tal como se llevaron a cabo.

Por ejemplo, en el caso de 99 proyectos autorizados en 2018 los auditores identificaron que si bien hay facturas electrónicas (CFDI) que amparan la realización de servicios, en el sistema falta documentación que acredite específicamente que dichos servicios facturados se llevaron a cabo y, más importante aún, que se realizaron con motivo de los convenios firmados con el INADEM.

Otra constante identificada por la ASF es el retraso en la ejecución de proyectos o, en su defecto, que sí se reportaron a tiempo pero no conforme a los lineamientos establecidos. Hay casos como el de un operador contratado para dar una capacitación que carecía del recurso humano y material para ello y que, en cambio, subcontrató vía “outsourcing” a otras tres empresas sin que tampoco haya prueba fehaciente de eso.

Se trata de un abanico de irregularidades que de acuerdo con los auditores fueron propiciadas, en buena medida, por la negligencia de los servidores públicos de Economía a cargo de supervisarlos. Una situación que ocasionó que hoy no haya certeza de donde quedó el dinero.

La ASF también cuestionó que al igual que sucede en el caso de Concamin, en la mayoría de los proyectos la Secretaría de Economía no ha emitido la opinión técnica con la cual debe oficializar la existencia de anomalías en los servicios pactados.

“El ente fiscalizado, de acuerdo con sus atribuciones y obligaciones, no ha expresado su opinión respecto de la documentación justificativa y comprobatoria presentada por los beneficiarios, la que además es insuficiente para demostrar que los bienes y servicios adquiridos se implementaron para la ejecución de los proyectos”, señaló la ASF en el informe de resultados de la auditoría 431-DE.

Sobre estas irregularidades la Secretaria de Economía confirmó a Animal Político que, en efecto, existen observaciones pendientes de ser solventadas. Añadieron que han entregado información al respecto que se encuentra bajo análisis de los auditores.

“Los proyectos correspondientes a cada uno de los convenios citados se encuentran en la etapa de seguimiento y comprobación, por lo que no se ha determinado en definitiva la comprobación de del correcto ejercicio de los recursos, las metas, entregables e impactos comprometidos”, indicó la dependencia.

Este medio también solicitó a la ASF un posicionamiento sobre el proceso de revisión de la información entregada por la SE, pero se indicó que no era posible dar a conocer ningún detalle. Autoridades federales indicaron que antes de que concluya el año se presentarán denuncias sobre estos hechos ante la FGR.

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