‘Aterrorizados’. Nueva ley de la Florida provoca marcha de migrantes de Bradenton y preocupa a empleadores

El interminable debate sobre la reforma migratoria atemoriza periódicamente a la comunidad sin voz que suministra la mano de obra para algunos de los trabajos más duros en el país.

No es ningún secreto que muchos techadores, esparcidores de asfalto, recolectores de tomates, lavaplatos y las cuadrillas que cortan el césped del vecindario son inmigrantes. No todos tienen los documentos adecuados para trabajar en Estados Unidos, pero los estadounidenses nativos no están precisamente clamando por esos puestos de trabajo.

El gobernador Ron DeSantis firmó recientemente el proyecto de ley del Senado 1718, que hace obligatorio el uso del sistema E-Verify para los empleadores con 25 o más empleados, a partir del 1 de julio. Se trata de una base de datos federal en línea que confirma instantáneamente la elegibilidad de una persona para trabajar en, incluyendo si son ciudadanos y si tienen un número de Seguro Social.

¿El objetivo?

“Combatir los peligrosos efectos de la inmigración ilegal causados por las imprudentes políticas fronterizas del gobierno federal”, según un comunicado de prensa de la oficina del gobernador.

El proyecto de ley provocó miedo y pánico entre los inmigrantes y ha suscitado preocupación en la comunidad hispana en general, especialmente en zonas agrícolas como los condados Manatee y DeSoto.

Algunos ya abandonaron el estado y los empleadores están preocupados.

Manifestantes se reunieron en el downtown de Bradenton el 12 de mayo, el día siguiente que DeSantis firmó el proyecto de ley, para hablar contra de la nueva ley migratoria.

Más recientemente, ha habido reportes de trabajadores que abandonan la Florida debido a las preocupaciones por la ley.

La semana pasada, se realizaron varias protestas de “Un día sin inmigrantes” en toda la Florida y el país. Al menos 30 empresas hispanas del suroeste de la Florida, entre ellas varias de Bradenton, cerraron durante ese día a manera de declaración sobre la importancia de la mano de obra migrante.

Un cartel en la puerta principal de la tienda de comestibles Acapulco en 3525 1 St. E., Bradenton, decía el jueves que la tienda estaba cerrada durante el día en apoyo de la comunidad hispana y los trabajadores de la construcción y la agricultura. El cartel decía que la tienda volvería a su horario habitual el viernes.

Trabajadores ‘consideran marcharse’

“Varios empleadores nos han dicho que algunas personas se han marchado o están considerando marcharse”, dijo Kelly Kirschner, presidente de Unidos Now y ex alcalde de Sarasota, sobre el efecto directo de la ley SB 1718.

“Vayan al downtown de Bradenton o a Lakewood Ranch y paseen por los lugares de trabajo y vean quiénes son los trabajadores. Tenemos un desempleo funcional cero en la Florida”, dijo Kirschner, y añadió que los sectores de la construcción, la agricultura y la hospitalidad sentirán los efectos de la SB 1718.

Jon Mast, presidente ejecutivo y cabildero de la Asociación de la Industria de la Construcción de Manatee-Sarasota, dice que el sector de la construcción se verá afectado por la SB 1718.

Pero algunas de las preocupaciones son exageradas, dijo.

“Creo que es miedo a lo desconocido. Si usted tiene menos de 25 empleados, no tiene que consultar el E-Verify”, dijo Mast.

Solo las empresas con más de 25 empleados que realicen nuevas contrataciones después del 1 de julio tendrán que usar el sistema, dijo.

“No creo que sea un problema insalvable, pero la mano de obra sigue siendo un problema. No queremos perder trabajadores que se vayan a los estados vecinos. Respiremos hondo y analicemos el proyecto de ley”, dijo Mast.

“He oído hablar de trabajadores que abandonan el estado, no es una broma. Pero la mayoría se fueron porque no entendieron lo que dice el proyecto de ley”, dijo.

‘Están entrando en pánico’

C. J. Czaia, abogado de lesiones personales de Bradenton y defensor de la reforma migratoria desde hace mucho tiempo, dijo que una empresa de construcción local lo invitó recientemente a hablar con sus trabajadores para disipar la preocupación sobre la SB 1718.

“Están entrando en pánico. La gente no va al hospital por temor a ser entregada a los funcionarios de inmigración. Están absolutamente aterrorizados”, dijo.

Aunque los hospitales piden a los pacientes que llenen un cuestionario, en el que se incluye su situación migratoria, no envían esa información al Departamento de Seguridad Nacional. Los pacientes también pueden negarse a responder a preguntas sobre su situación migratoria.

Kathleen Cramer, directora ejecutiva de Turning Points en Bradenton, dijo que algunas de las personas que tienen citas dentales o médicas allí tampoco acuden a sus citas por miedo a ser detenidas por agentes de inmigración.

Los servicios de Turning Points no dependen del estatus migratorio y la organización sin fines de lucro no pregunta, dijo.

La voz de Czaia ha sido silenciada en los últimos años, pero el nuevo proyecto de ley E-Verify lo está despertando, dijo.

“La inmigración es un asunto federal. Esto es una extralimitación. Es inconstitucional”, dijo Czaia. “Es inmoral. Es horrible”.

Lo que dice la ley

Diana González tiene un programa diario en tres de las emisoras de radio en español de Solmart Media, donde su audiencia es la creciente comunidad hispana del suroeste de la Florida.

Uno de sus objetivos es calmar a su audiencia y asegurarles que no ha cambiado mucho desde que DeSantis firmó la SB 1718.

“E-Verify existe desde el presidente George W. Bush”, dijo González.

Pero incluso así, la nueva ley pudiera significar multas de $1,000 diarios y la suspensión de licencias para los empleadores que no usen E-Verify tres o más veces en dos años.

DeSantis ha calificado la ley de la “legislación contra la inmigración más fuerte del país”, aunque es probable que algunas partes sean impugnadas en los tribunales.

Invalida las licencias de conducir de otros estados expedidos a indocumentadas y obliga a los hospitales que reciben financiamiento de Medicaid a pedir el estatus migratorio.

También permite a los agentes del orden actuar como policías de inmigración, dicen los críticos.

La nueva ley tipifica como delito grave de tercer grado el uso de documentación falsa y el transporte de una persona indocumentada al estado, castigado con hasta cinco años de prisión o una multa de $5,000 por persona. Las penas son mayores para el transporte de niños o cinco o más personas.

Una versión anterior del proyecto de ley incluía el transporte “hacia y dentro” del estado, pero la versión final solo dice “hacia el estado”. Aun así, el temor a ser detenido por la Policía se ha extendido, especialmente para aquellas familias en que algunos están documentados y otros no.

En una reciente reunión de la League of United Latin American Citizens (LULAC), una madre dijo que cuando se despide de sus hijos por la mañana no sabe si volverán a casa, dijo González.

La madre asegura que ella y su esposo toman rutas diferentes para ir al trabajo, en caso que uno de los dos sea detenido.

“Cuando alguien se va [del estado], se lleva a toda su familia”, dice González sobre el miedo que se ha apoderado de muchos en su audiencia.

Trabajadores de restaurantes

La Florida Restaurant and Lodging Association (FRLA) también está haciendo balance de lo que significa la SB 1718.

“En general, en este momento, la FRLA está trabajando para informar a nuestros miembros y obtener sus comentarios, conectarse con asesores de la industria y evaluar los impactos de la nueva ley; es demasiado pronto para calibrar el impacto total y, por lo tanto, sería prematuro especular hasta que sepamos más”, dijo Ashley Chambers, directora de Comunicaciones de la asociación, en un correo electrónico.

John Horne, director ejecutivo de Oysters Rock Hospitality, propietaria y gestora de los restaurantes Anna Maria Oyster Bar y Café L’Europe, dijo que la nueva ley sobre E-Verify afectará a todo el estado.

“He oído hablar de gente que se marcha de nuestra zona y habrá más. La inmigración es un problema, pero esto es drástico”, dijo Horne.

“Creo que las repercusiones serán increíblemente duras”, añadió.

Quizás haya hasta 800,000 inmigrantes indocumentados de entre 18 y 55 años en la Florida, dijo Kelly Kirschner.

Horne y otros buscarían una vía para que esos trabajadores puedan trabajar sin miedo.

Una vía a futuro

Los líderes políticos llevan décadas debatiendo una vía para que los indocumentados trabajen, ganen dinero y, a menudo, regresen a su país de origen, sin que apenas haya algo que demostrar de todo lo que se ha hablado.

En 2001, pocos meses antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre, parecía haber un movimiento a favor de una revisión del sistema de inmigración, en reconocimiento a las decenas de miles de trabajadores indocumentados procedentes de América Latina.

Varios cultivadores locales se pronunciaron entonces a favor de un sistema que permitiera permisos de trabajo para facilitar el flujo de ida y vuelta a través de la frontera estadounidense.

“Dependemos totalmente de los trabajadores hispanos. Todo Estados Unidos depende de la mano de obra mexicana para trabajos de salario mínimo. Nos da la mano de obra que necesitamos y les da a ellos la economía que necesitan. Intentar detenerlos en la frontera no es la respuesta”, dijo uno de ellos.

En 2023 parece poco probable que se llegue a un compromiso político en materia de inmigración, según Czaia.

“Ambas partes se han adueñado del gobierno. Nos han manipulado mucho”, dijo.

La última reforma significativa de la inmigración fue en 1986, cuando Ronald Reagan era presidente, dijo Czaia.

Un paso adelante sería aumentar el financiamiento del sistema de inmigración para que haya suficientes jueces y empleados de inmigración que agilicen los casos, dijo Czaia, añadiendo que sabe de un caso de asilo político en Miami que ha estado esperando una audiencia durante siete años.

La agricultura

Los productores de tomate del Condado Manatee son reacios a hablar sobre la SB 1718, pero Michael Schadler, vicepresidente ejecutivo del Florida Tomato Exchange ofreció algunos comentarios.

“La temporada de tomate de la Florida está terminando esta semana, cuando la cosecha comienza a desplazarse hacia el norte, por lo que estaremos en nuestra temporada baja cuando esta ley entre en vigor”, dijo.

“La industria del tomate en la Florida puede verse menos afectada que otras industrias del estado porque muchos de nuestros agricultores ya se han pasado al programa de trabajadores invitados H-2A. La mano de obra en la Florida ya es tan escasa que nuestros agricultores tienen que recurrir al programa H-2A para garantizar que tendremos trabajadores para recoger la cosecha. Pero la nueva ley será un reto para la agricultura de la Florida en su conjunto, ya que reducirá aún más la disponibilidad de trabajadores en el estado”, dijo Schadler.

“Recoger frutas y verduras es un trabajo duro. En este mercado laboral tan ajustado, los salarios pueden estar muy por encima del salario mínimo, pero seguimos teniendo problemas para encontrar suficientes trabajadores, por lo que muchos cultivadores han empezado a usar el programa H-2A, a pesar que es muy engorroso y caro de usar”, dijo. “Y hay un tope a lo que podemos pagar por los trabajadores porque los productores de tomate compiten principalmente con los tomates importados de México, que pagan a sus trabajadores por un día lo que nosotros pagamos por hora”.